En el año 1998, cuando era asistente fiscal, Sandra Quiñónez declaró ingresos de menos de G. 1,5 millones, los cuales para el año 2000, siendo agente fiscal, crecieron a casi G. 7 millones mensuales. Contaba, además, con un ahorro de G. 500.000 y un automóvil Mercedes Benz.
Para 2005, tenía un salario de G. 4.329.000, gastos de representación de G. 2.900.000 y bonificación de G. 1.850.000, sin apuntar mayores variaciones en cuanto a su situación patrimonial y sin registro de pasivo alguno.
Diez años después, en 2015, presentó dos nuevas declaraciones juradas, en las cuales ya se configuraba la posesión de inmuebles y un activo total de G. 547.000.000. Sin embargo, llama la atención que su pasivo, esta vez aclarado, era cero, con un ingreso mensual de G. 17.203.000 y egresos de casi G. 6.000.000.
En ninguno de los documentos figura obligación alguna de la funcionaria, más allá de los gastos por mes en alimentación, servicios básicos, vestimenta y otros.
Nota relacionada: Sandra Quiñónez, la primera fiscala general de Paraguay
En el año 2018, Sandra Quiñónez asumió como fiscala general del Estado. Su declaración al momento de asumir el cargo no está en la primera tanda de documentaciones dada a conocer por la CGR.
Quiñónez estuvo en la investigación de varios casos mediáticos. Cuando era parte de Antisecuestros, llevó adelante las pesquisas del caso de María Edith Bordón de Debernardi, en el año 2001, y Cecilia Cubas, en 2004. También, los de Luis Lindstron y de Fidel Zavala, en el 2008 y 2009 respectivamente.
En el 2015, fue designada a investigar el doble crimen del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada, ocurridos en Canindeyú. Igualmente, tuvo a su cargo la investigación del caso del argentino Íbar Pérez Corradi, quien fue apresado en Paraguay y procesado por expedición de documentos falsos en el 2016.
