Sancionan proyectos de ley de transparencia fiscal para combatir ilícitos financieros

El primer proyecto aprobado establece la aceptación de la Convención sobre asistencia mutua, lo que permite que los países parte de la OCDE presten asistencia administrativa mutua en asuntos fiscales.

La normativa permite que la asistencia administrativa incluya el intercambio de información, incluyendo auditorías fiscales simultáneas y participación en auditorías en el extranjero; asistencia en el cobro, incluyendo el establecimiento de medidas cautelares; y la notificación o traslado de documentos.

Según el Poder Ejecutivo, la adopción de esta convención repercutirá positivamente en la economía nacional, principalmente sobre los niveles de inversión, crecimiento e institucionalidad; además de ayudar a combatir la evasión y elusión fiscal.

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Igualmente contribuirá a cumplir con los principales estándares y buenas prácticas internacionales en la materia, impulsados por la OCDE, a través del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales (Foro Global).

De acuerdo con el documento, los impuestos cubiertos por la convención son todas las modalidades de pagos obligados al Gobierno, salvo los aranceles de aduana estipulados a nivel del Gobierno central.

La convención se aplica a los impuestos sobre la renta o utilidades, impuesto al valor agregado y al impuesto selectivo al consumo.

Asimismo, los derechos y las garantías previstos por la ley interna mantienen su aplicabilidad y la convención reconoce expresamente algunas limitaciones a la obligación de suministrar asistencia, además de contar con altos estándares de confidencialidad y protección de datos personales.

Paraguay tiene agendada su revisión del estándar Intercambio de Información a Pedido o Previa Solicitud (EOIR) para el primer trimestre del 2020, mientras que para el estándar de Intercambio Automático de Información (AEOI) se están haciendo los ajustes normativos y procedimentales internos, sin contar aún con una fecha definida.

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El marco legal actual del país no permite el intercambio efectivo de información fiscal y solo se cuentan con dos mecanismos que permiten dicho intercambio y ninguno de estos cumple con el estándar internacional de la OCDE, lo cual podría llevar al país a recibir la calificación de “no conforme”, que a su vez podría ser un daño a la reputación de Paraguay en materia de transparencia fiscal, y repercutiría en el costo del financiamiento al país, considerando que varios organismos internacionales e inversionistas utilizan estas calificaciones a la hora de conceder financiación.

De igual manera, se pondría en riesgo el objetivo nacional de alcanzar grado de inversión para el Paraguay, con los respectivos efectos negativos en términos de atracción de Inversión Extranjera Directa. Asimismo, existe la posibilidad de que se elabore y haga pública una “lista negra de países no cooperantes”.

Estándares internacionales sobre transparencia

En cuanto al proyecto de ley que promueve la implementación de estándares internacionales sobre transparencia fiscal, se trata de la asistencia administrativa nacional e internacional, con el propósito de prevenir y combatir la evasión y la elusión fiscal, como también los flujos financieros ilícitos.

En él se establece la obligación a suministrar, a requerimiento de la Administración, la información tributaria relevante que tengan conocimiento las personas físicas, las personas jurídicas o estructuras jurídicas; las unidades económicas y los entes colectivos de derecho privado; las autoridades de todos los niveles de la organización política del Estado.

Así como los jefes o encargados de oficinas civiles, militares o policiales y de los demás entes públicos nacionales o territoriales, los organismos autónomos y sociedades de economía mixta; las entidades binacionales, las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales.

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También incluye a las entidades de seguridad social o previsionales, notarios y escribanos públicos, los juzgados y tribunales de la República, cuando se desprenda de las actuaciones judiciales en que intervengan y quienes, en general, ejerzan funciones públicas.

La normativa dictamina que las entidades financieras estarán obligadas a proporcionar a la administración tributaria la información tributaria relevante que esta le requiera sobre transacciones, operaciones y balances, así como toda clase de información sobre movimiento de cuentas corrientes y de ahorro, depósitos, certificados a plazo, cuentas de préstamos y créditos, fideicomisos, inversiones individuales, inversiones en carteras mancomunadas, transacciones bursátiles, transferencias locales e internacionales y demás operaciones, ya sean activas o pasivas.

Asimismo, se establece que los sujetos obligados que incumplan las disposiciones establecidas serán pasibles de multas directas que podrán variar entre 50 y 500 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas.

La autoridad de aplicación de la normativa, una vez que esta sea promulgada, es el Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación.

Viceministro celebra sanciones

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, festejó las sanciones de los dos proyectos respaldados por la institución.

"Día histórico para el Paraguay en cuanto a transparencia fiscal nacional e internacional con la sanción de dos proyectos de leyes muy importantes para el país", señaló en su cuenta de Twitter.

Dijo que con estas sanciones se da paso importante ya que se contará con una herramienta que permitirá continuar con mayor fuerza el combate frontal contra la evasión fiscal, elusión, flujos financieros ilícitos y la corrupción.

"Es una importante herramienta que implica sin lugar a dudas redoblar los esfuerzos y el compromiso en preservar el deber de secreto de los datos de los contribuyentes como servidores públicos del Ministerio de Hacienda - Subsecretaría de Estado de Tributación (SET)", afirmó al momento de agradecer el apoyo de los parlamentarios.