El proyecto sobre la comisión que se encarga del estudio de la reforma del sistema penal y penitenciario fue aprobado este jueves por la Cámara de Senadores.
El objeto de este grupo es elaborar propuestas de modificación de la Ley 1160 del 26 de noviembre de 1997, del Código Penal.
La normativa vigente establece que una vez que quede instalada la comisión, esta elevará sus conclusiones a consideración del Poder Legislativo en el plazo de un año.
Mientras que el proyecto plantea que la comisión funcione hasta abril del año 2020, en lugar de finalizar sus labores en octubre de 2019.
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La misma entró en funcionamiento con la primera reunión para su conformación, el día 2 de abril de 2019, iniciándose las tareas de reforma del Código Penal por parte de los representantes de cada uno de los distintos estamentos involucrados.
Además, en la normativa actual se establece el mecanismo para la convocatoria de sus miembros. Según lo establecido en la Ley 2403/04, estará compuesta por tres senadores, tres diputados, dos representantes de la Corte Suprema de Justicia, dos representantes del Poder Ejecutivo y dos representantes del Ministerio Público.
El documento sancionado este jueves por el Parlamento deberá ser promulgado o vetado por el presidente Mario Abdo Benítez.
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Recientemente, también entraron en vigencia dos normativas que modifican el Código Procesal Penal. La primera modificación afecta al artículo 245, estableciendo que el juez sea quien defina si corresponde o no el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión.
Por otro lado, las modificaciones de los artículos 129, 141 y 251 fijan nuevos plazos para los trámites vinculados con las revisiones de medidas.
Estos cambios complementarios pretenden reducir los niveles de hacinamiento en las cárceles de todo el país, por el excesivo otorgamiento de la prisión preventiva.
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Un informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) señala que en la última década la población penitenciaria se triplicó, pasando de 5.867 personas a 14.630; esto significa que de cada 10 personas privadas de libertad, 9 viven en hacinamiento crítico.
El debate sobre la problemática creció luego de que el pasado 16 de junio se registrara una masacre en la cárcel de San Pedro, que tuvo como saldo 10 reclusos fallecidos. Ese mismo día también se registró un amotinamiento en el penal de Tacumbú. Días después, se registraron otros hechos violentos en distintas penitenciarías del país.
