El fiscal Jalil Rachid, asignado a la Unidad Penal I, especializada en delitos contra el medioambiente, informó a Última Hora que el ex intendente de la ciudad de San Bernardino Luis Aguilar Ríos es investigado por presunto perjuicio a la Reserva Natural del del Lago Ypacaraí.
Explicó que la denuncia fue presentada en la Fiscalía por la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su Cuenca (Conalaypa) y tras eso tomaron intervención y generaron una serie de documentos.
Comentó que el ex jefe comunal ya prestó declaración indagatoria, al igual que funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
“El distrito de San Bernardino está comprendido entre lo que es la Reserva del Recurso manejado por el Lago Ypacaraí y la denuncia es por haber autorizado proyectos que estaban comprendidos dentro de esa zona”, agregó.
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La investigación busca recabar datos sobre los hechos de perjuicio a la cuenca del lago que fueron constatados por Rafael Sosa, director general de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades).
Por su parte, Renato Máas, director de la Conalaypa, explicó que el caso fue denunciado por una persona en la página web de su institución en la cual informaba que la Municipalidad de San Bernardino había cambiado su Plan de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT) sin declaración de impacto ambiental y violando la zonificación establecida por el Mades para el área silvestre protegida.
Mencionó que el hecho fue constatado por el Mades y que incluso pidieron un informe al entonces intendente Luis Aguilar, sobre los supuestos cambios en el POUT de la Comuna.
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Agregó que la modificación Plan de Ordenamiento Urbano Territorial y Ambiental del Municipio podría incurrir en una violación de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley 352/14 de Áreas Silvestres pProtegidas y pone en riesgo zonas críticas de protección ambiental para la recuperación del lago.
Dijo que el crecimiento urbano desorganizado y con alta dosis de informalidad es el principal problema dentro de la cuenca, puesto que históricamente los asentamientos urbanos se realizaron en zonas donde el Estado no puede ofrecer los servicios públicos como alcantarillado sanitario, recolección de residuos sólidos y saneamiento ambiental.
“La idea no es ir en contra de los desarrollos inmobiliarios, sino acompañar a los desarrolladores para que los proyectos que se implementen dentro del Área Silvestre Protegida sean amigables para el ambiente y se adecuen a la normativa vigente”, concluyó.
