El intendente de San Antonio, Santiago Aguilera (PLRA), anunció su rechazo a la ley 7447/2025 que establece nuevos costos para la habilitación de vehículos, unificados para todos los municipios del país.
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El municipio está preparando una acción de inconstitucionalidad que presentará ante la Corte Suprema de Justicia, así como lo habían anunciado las autoridades de Ñemby y Villa Elisa.
“En San Antonio no subimos el costo de las habilitaciones. Ya preparamos la (acción de) inconstitucionalidad”, escribió este domingo en su perfil de la red social Facebook, generando cientos de comentarios a favor por parte de los sanantonianos.
Para el jefe comunal, no están las condiciones para que se realice una modificación a los precios de las habilitaciones vehiculares.
“Ni el estado de los asfaltados ni la economía actual dan para aumentar tanto los precios”, agregó.
Nuevos precios
Con la nueva ley, promulgada por el presidente Santiago Peña, los vehículos se dividirán las categorías en estreno, que posee entre 0 a 1 año; nuevo, de 1 a 4 años; usado, de 4 a ocho años; y muy usado, que son aquellos con más de ocho años.
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Para determinar el monto, se toma como referencia el jornal diario, de G. 107.627, y se fija una cantidad relativa, de acuerdo con la categoría del vehículo.
En el caso de las personas que cuentan con motocicletas que entran en la categoría estreno, deberán pagar de G. 107.627; nuevo, G. 86.102; usado, G. 64.576; y muy usado, G. 53.814.
En cuanto a los automóviles, el monto para estreno es de G. 645.762; nuevo, G. 538.135; usado, 322.881; y muy usado, G. 215.254.
También se oponen
Desde la Municipalidad de Ñemby también habían levantado la voz contra la ley que ya rige de forma obligatoria para todos los municipios del país, y se irá realizando de forma gradual, según anunciaron desde la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV).
Por su parte, el jefe comunal de Villa Elisa, Sergio Estigarribia, también criticó la normativa afirmando que vulnera derechos constitucionales como el “principio de la igualdad tributaria”, que establece que en la creación de un tributo se debe tener en cuenta la capacidad contributiva de los ciudadanos y la economía del país.
