Hasta la Fiscalía llegó el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, para denunciar los escandalosos negociados con las tierras del Chaco y apuntó directamente a la administración anterior, bajo la figura de intento de estafa al Estado y producción de documentos públicos con contenido falso.
El alto funcionario anunció que suspendió todas las adjudicaciones de toda la zona del Corredor Bioceánico para comenzar una investigación con una comisión conformada por el Indert y legisladores, tras las denuncias de que los inmuebles fiscales eran entregados a empresarios a precios de regalo, desde el 2020. Dijo que no sabía nada y que se enteró por la prensa.
Ruiz Díaz contó que llegaron a este “negro operativo” que buscaba formar un esquema con tierras del Chaco, mediante la detección de un acuerdo ilegal con propiedades de otra zona del país, Alto Paraná, pero que era el origen del negociado.
Lea más: Senado pide frenar adjudicaciones de las tierras fiscales en el Chaco
Según detalló, se trata de un intento de estafa al Indert mediante este acuerdo de la administración anterior, firmado entre la ex presidenta Gail González Yaluff y el funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo, Héctor Urbano Parodi Molina.
Supuestamente, Parodi obtuvo 1.400 hectáreas en Itakyry, Alto Paraná, donde están asentadas 160 familias. Esta propiedad fue expropiada a favor del Indert y, al actualizar el precio, subieron en 2021 los montos a G. 100 millones la hectárea (USD 8.500 según Ruiz Díaz), es decir, un total de USD 15 millones. El funcionario municipal le dijo a González Yaluff que sabía que la institución no iba a poder pagar, por lo que le pidió a cambio las tierras del Chaco, y es cuando comienza todo el escándalo.
La simulación, según Ruiz Díaz, era que Parodi pretendía cobrar ese crédito recibiendo grandes extensiones de tierras en el Chaco para luego venderlas a precios más altos a empresas que quieran comprar terrenos en zona de la Ruta Bioceánica. Así se saltaba el Estatuto Agrario.
Ruiz Díaz indicó que Parodi fue a buscar tierras del Chaco para compensar la deuda. Contó que la Junta le aprobó el acuerdo, con oposición en su momento del representante de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), quien no firmó el acta.
El titular del Indert comentó que se hizo una intervención en la oficina del Chaco y que solo encontraron 60% de los expedientes, el 40% desapareció.
Mencionó que comenzaron a aparecer denuncias de personas que alertaban sobre el negociado de tierras y esto les llamó la atención, sobre todo por la tasación muy alta. Al emprender las investigaciones, fue cuando llegaron al acuerdo Yaluff-Parodi.
Dirigentes del asentamiento Paz del Chaco también pidieron apoyo a Ruiz Díaz porque no podían alcanzar los G. 100 millones por hectárea. Entonces, el presidente decide, en octubre del 2024, no aceptar ningún intercambio en torno a este caso.
Permuta ilegal
Ruiz Díaz detalló que, el 17 de agosto de 2024, fue modificada una cláusula del acuerdo, para agregar una permuta, sin permiso de la Junta Asesora. Se estableció ahí que, como la deuda era de USD 15 millones, Parodi buscaría las tierras del Chaco para compensar. Pidió que la zona de la bioceánica le sea entregada por USD 85 la hectárea y después venderla por USD 20.000 la hectárea, ya que el trato era que se haga por escritura pública y no por reforma agraria. Esto se frenó mediante una circular.
“Era algo grande, tenía que ver con grandes intereses de corporaciones nacionales e internacionales que querían que se ejecute ese acuerdo y que estaban trancados por esta presidencia”, resaltó.
Cuando comienzan a indagar, los Registros Públicos informaron que la finca madre, la número 9.383, de donde proviene el inmueble de Parodi, ya estaba denunciada desde el 2 de marzo de 2021, ante la Fiscalía, por producción de documento público de contenido falso, por parte de la escribana Wilma Cabera.
Entre el 2021 y el 2022, instituciones como Registros Inmobiliarios, la Corte, Registros Públicos, emitieron dictámenes de resguardo del inmueble. De igual forma, se firmó el acuerdo para generar la deuda de USD 15 millones. Ruiz Díaz sostuvo que las tierras de Itakyry deben ser sometidas a mensura judicial y transferirse a sus ocupantes.
El boom en Carmelo Peralta
Antes del 2020, nadie quería vivir en Carmelo Peralta ni en Pozo Hondo, sostuvo el titular del Indert al señalar que cuando se anunció la construcción de la bioceánica, mediante información privilegiada, se empezó a adjudicar, solo ese año, 3.500 hectáreas, y actualmente se alcanzó 10.000 hectáreas, que serán investigadas.
Dijo que bajo su administración solo se adjudicaron cuatro expedientes, de un total de 62 hectáreas. Todas fueron frenadas. El precio de venta fue de G. 585.000 la hectárea, porque es lo que establece la ley, y que debe ser actualizada. “10.000 hectáreas contra 62. Estoy seguro que muchos parientes y prestanombres estarán en esas 10.000 hectáreas adjudicadas. Prestanombres para grandes conglomerados”, destacó.
Ruiz Díaz manifestó que toda la trayectoria de la bioceánica podría valer USD 3.500 millones, que es el 8% del PIB, y que eso se iba a despojar al Estado. Indicó que con ayuda del Parlamento se podrían recuperas las tierras. También espera que se actualice la tarifa del 2013 para que el Indert tenga una herramienta para vender tierras.
