La diputada patriaqueridista Rocío Vallejo mencionó que sigue recibiendo denuncias e información de cómo opera el esquema desde la Procuraduría General de la República (PGR) para cobrar excesivos montos en concepto de honorarios profesionales, pero primeramente se refirió al problema principal que le preocupa y del cual parte el resto de las irregularidades.
“El procurador actualmente está de manera ilegal e inconstitucional y eso es gravísimo porque él está tomando intervención en los juicios que tiene el Estado y no hay una norma que lo habilite; la norma que ellos mencionan no corresponde”, lanzó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
De esta manera criticó que el procurador Rubén Elidio Gaona, esté interinando desde hace ocho meses el cargo, tras ser designado por Marco Aurelio González antes de salir de la institución.
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Mencionó que la Ley 7278/24 establece que se puede designar encargado de despacho en casos de vacancia no definitiva, vacaciones, ausencia o enfermedad y que, por tanto, no corresponde en el caso mencionado, teniendo en cuenta que la ausencia de González es definitiva, ya que dejó el cargo para asumir como miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).
A su criterio tampoco se aplica la Ley 6837 Orgánica de la Procuraduría, porque en ningún artículo establece que es procurador saliente quien debe designar a quien lo reemplazará.
Modus operandi para el “apriete”
El caso específico que mencionó la diputada Vallejo involucra al Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) por más de G. 4.500 millones. La institución había contratado trabajos de fiscalización a Neighpart SA e Icap Consultores e Ingenieros SA, pero ante el incumplimiento, se rescindió el contrato y se recurrió a la póliza de seguros, donde la Aseguradora Tajy operó como garante.
La póliza de seguro de Senasa tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y la demanda se presentó recién un día antes a través de la Procuraduría. Pero la irregularidad principal es que la demanda se realizaba por el monto máximo, es decir, por los G. 4.500 millones, cuando el siniestro, es decir el daño por incumplimiento, representaba solo G. 520 millones.
“Los perjudicados en general me hablan de un sistema de apriete”, dijo la legisladora, quien aún espera documentos de la PGR y del Ministerio de Salud, como administrador de Senasa.
Aunque el Estado recibió de la aseguradora los G. 520 millones, el cálculo para cobrar los honorarios se realizaba por el monto máximo, haciendo que los abogados de la Procuraduría se lleven un botín, un esquema similar al del Instituto de Previsión Social (IPS) cuando José González se desempeñaba como director jurídico.
“Hay demasiadas situaciones que hacen sospechar que es un esquema para cobrar honorarios muy por encima de lo que deben pagarse”, comentó Vallejo.
Coincidentemente es el hermano de Marco Aurelio González, quien designó a su sucesor antes de ir al BCP.
