Desde primeras horas de este viernes, al menos una patrulla de la Policía Nacional Civil y dos agentes custodian la residencia de Ríos Montt, para garantizar que el procesado cumpla con la orden de la jueza de no abandonar ese lugar.
En una decisión considerada en su país como “histórica”, la jueza Carol Patricia Flores, titular del Juzgado Primero de Mayor Riesgo, decidió ayer, jueves, procesar al exjefe de Estado de facto, porque consideró que existen suficientes elementos que lo incriminan en al menos once masacres cometidas por el Ejército bajo su mando.
Aunque en la última década varios militares y antiguos colaboradores suyos han sido procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos perpetrados contra civiles durante la guerra interna que padeció Guatemala entre 1960 y 1996, esta es la primera vez que un exjefe de Estado del país se sentará en el banquillo de los acusados.
Será también el primer exgobernante centroamericano que responda ante la Justicia de su país por delitos de genocidio y crímenes de guerra, algo que logró evadir desde el año 2000, cuando fue elegido diputado al Parlamento y gozar de inmunidad judicial, que perdió al dejar su escaño el pasado 14 de enero.
En 1999, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú presentó ante la Audiencia Nacional de España una querella en contra de varios antiguos jefes militares guatemaltecos, con Ríos Montt a la cabeza, acusados de genocidio, torturas y terrorismo de Estado.
Una década después, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, declaró “improcedente” la persecución penal española a los imputados, aunque a nivel internacional se mantienen vigentes las órdenes de captura emitidas por la justicia de España.
Ríos Montt, que en junio cumplirá 86 años y que durante los últimos 40 ha sido una de las figuras más polémicas de la política guatemalteca, gobernó de facto este país centroamericano entre marzo de 1982 y agosto de 1983, tras encabezar un golpe de Estado militar.
Durante ese lapso, según la Fiscalía de los Derechos Humanos, en su calidad de comandante general del Ejército “forzó e indujo” a las Fuerzas Armadas a ejecutar actos “inhumanos contra la población civil no combatiente”, en el marco de la guerra interna que vivía el país.
“Sin las órdenes de Ríos Montt no se hubiera podido ejecutar el acto de genocidio”, aseguró el fiscal Manuel Vásquez, quien dirige las acusaciones en su contra.
Aunque el tribunal concedió ayer dos meses a Vásquez para que concluya la investigación y presente formalmente la acusación para iniciar el juicio, fuentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aseguraron hoy a Efe que “pasará mucho tiempo” antes de que Ríos Montt sea juzgado por los cargos que se le imputan.
Por lo polémico del caso, se prevé que habrá “una lluvia de recusaciones, amparos y cuanta diligencia queda, tanto de parte de la defensa como de los acusadores”, adelantaron las fuentes.
La primera acción podría provenir de Vásquez, quien hoy anunció que analiza recurrir el arresto domiciliario, porque considera que por tratarse de delitos de lesa humanidad Ríos Montt debe esperar el juicio en prisión.
“La decisión estuvo apegada a derecho, pero vamos a analizar si la impugnamos, para ello tenemos de plazo hasta el martes” próximo, dijo el fiscal a los periodistas.
Por su parte, Danilo Rodríguez, el abogado que encabeza el equipo de defensa de Ríos Montt, dijo que presentarán una querella contra la jueza Flores por prevaricación, ya que ordenó procesar a su cliente en base a presunciones sin que la Fiscalía demostrase su responsabilidad.
Según Rodríguez, no se puede buscar justicia “de arriba para abajo”, porque aunque Ríos Montt era el jefe de Estado cuando los hechos ocurrieron, los responsables fueron oficiales y soldados del Ejército, y no su defendido.
La jueza Flores señaló en su fallo que los “horrendos” crímenes cometidos por el Ejército pudieron haber sido evitados por Ríos Montt, quien se encontraba en la máxima posición “de la línea de mando”.
