Ataviados con banderas paraguayas, munidos de carteles, y con cánticos y gritos de desaprobación, los manifestantes apuntaron hacia el fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, de quien señalaron que está al servicio de los narcotraficantes y el crimen organizado.
“Emiliano protector de narcos”, “asesino de Pecci”, “Empleado de HC”, decían algunos de los carteles.
Los ciudadanos, muchos pertenecientes a partidos de oposición, dijeron estar a favor del juez Osmar Legal, quien denunció la manipulación judicial luego del análisis de los mensajes del teléfono de Lalo Gomes y que ahora es “investigado” por el Ministerio Público.
“Consideramos que la Fiscalía nada ha hecho para investigar los chats y audios del extinto diputado Lalo Gomes que se filtraron públicamente: el Ministerio Público está teniendo un silencio cómplice y esta inacción es parte de la política de la Cumbre de Poderes donde se selló la impunidad” expresó Ermo Rodríguez, secretario general del PPP.
En dichos intercambios por chat estuvieron involucrados jueces, fiscales, parlamentarios, policías y militares.
“Creemos que la Fiscalía tiene un papel preponderante y determinante si en realidad quiere buscar investigar y aclarar toda esta situación, y que el fiscal general Emiliano Rolón tiene mucha deuda ante la sociedad con esta inacción, con este silencio que consideramos cómplice porque no le encontramos otro nombre”, agregó.
Señaló que el cambio va a llegar desde las calles. “Solamente la ciudadanía democrática va a tener el poder de sanear nuestra República, es tiempo de expresar nuestro amor a la patria saliendo a las calles para barrer y expulsar a toda esta podredumbre”, manifestó.
Tras desatarse el escándalo con la filtración de los mensajes por WhatsApp del legislador extinto Eulalio Lalo Gomes, cuyo teléfono celular fue peritado tras su muerte, hasta la fecha, la Fiscalía no avanzó en el caso, tampoco se han realizado imputaciones, allanamientos o incautaciones, pese a las evidencias que revelan un esquema de corrupción pública que implica a políticos, jueces, fiscales y otras autoridades del Estado.
El pasado 3 de febrero, la Fiscalía inició la investigación, a raíz de la denuncia del magistrado contra el Crimen Organizado.
Los fiscales de la Unidad de Anticorrupción asignados fueron Francisco Cabrera, María Verónica Valdez y Luis Piñánez, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Soledad Machuca.
Esta denuncia menciona indicios de tráfico de influencias por parte de actores importantes de la Justicia, como el ahora ex diputado Orlando Arévalo, las fiscalas Katia Uemura y Stella Mary Cano, y la hoy ex jueza Sadi López.
Estos mantenían conversaciones constantes con el fallecido diputado Lalo Gomes, y este intermediaba para salvar a las magistradas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cuando Arévalo era titular de ese órgano. Incluso se habla de coimas.
