12 abr. 2026

Reproducción y resistencia a las desigualdades

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renato delgado

Juan Andrés Cardozo

La dura vida cotidiana de la inmensa mayoría cuestiona al sistema de poder establecido. El que proviene al amparo de una Constitución democrática. La que en teoría ha dejado de ser liberal. Ello, como consecuencia de las desigualdades y la pobreza social. Situaciones que han dado lugar a las luchas civiles y sociales.

Pero la superación del Estado de derecho, cuya nominación aún se reitera con frecuencia, es puramente formal en países desarrollados y en desarrollo. Pues persiste y se agrava el régimen de desigualdades. Esa superación constitucional por el Estado Social de Derecho avanzó escasamente. En la práctica, el Estado de bienestar ha tenido muy poca aplicación, solo en algunas naciones nórdicas de Europa. Pero al igual que el Estado de derecho, el sistema dominante continúa sometiendo a la pura formalidad al Estado social de derecho. Y pese a que la Teoría del Derecho, impulsada por la aprehensión conceptual de la realidad de las injustas estructuras sociales, agregó al Estado social el imperativo “democrático”.

El desconocimiento de los políticos

Esta evolución jurídica e histórica se extendió geográficamente en los últimos decenios del siglo XX. También en nuestro marco constitucional se tuvo que introducir la categoría del Estado democrático y social de derecho. Por consiguiente, normativamente se estableció la “democracia participativa”. Vale decir, democracia política, económica, social y cultural.

¿Se puede acceder a la política sin estos elementales conocimientos? ¿Los actores que ingresan a la superestructura del poder político saben lo que significa la democracia? ¿Tienen alguna lectura siquiera de lo que exige la política? La sociología del conocimiento señala que la pertenencia a la política no solo tiene una implicancia ideológica, sino también una responsabilidad sobre el Estado y la sociedad civil en su conjunto.

El Estado, para servir con inteligencia, idoneidad y honradez a la sociedad, a su bienestar, a su desarrollo inclusivo y permanente, a su calificada formación universal, a su cohesión y a su autodeterminación. No se concibe al Estado para reproducir la ignorancia, menos la pobreza y las desigualdades.

Y el país, la sociedad en su conjunto, ¿qué rol tiene en el Estado democrático y social de derecho? La pregunta es inquietante, sobre todo por la ausencia u opacidad cada vez mayor de los intelectuales del espacio público. Por discriminación o interdicción. La sociedad es autor relativo, enajenante y emancipativo de su propio destino. Si la diferencia constitutiva carece de una base igualitaria para la autorrealización humana, la propia libertad no existe. La desigualdad horizontal o piramidal entre los que tienen mucho y los que no tienen nada hará del Estado un aparato coercitivo al servicio de la acumulación de los bienes materiales y culturales. Entonces la sociedad o el país no tienen futuro. Y no solo por falta de cohesión, manipulada simbólicamente, sino porque la desposesión de la mayoría se convierte en una disyuntiva a la vez sufriente y en proceso de una conciencia crítica.

Desde Hegel sabemos que la enajenación, como apropiación o negación del ser-para-sí, no es una condición socialmente irreductible. La negación de ese estado sociohistórico implosionará en liberación. De la gradual resistencia pasará a la movilización, y de esta a las transformaciones capaces de extender los derechos humanos a la sociedad toda.

La realización del Estado social de derecho

Este proceso es, sin embargo, complejo, antropocéntrico y fronterizo. El modelo de sociedad hegemónico es jurídico y políticamente democrático. Como tal, representa una superación de los regímenes autoritarios y dictatoriales. En lo normativo, las clases privilegiadas carecen de legalidad. Así también las violaciones a los derechos de expresión, de pensamiento y de asociación. Y si resignificamos lo social al Estado democrático de derecho, la misma sociedad regida constitucionalmente por este sistema está impelida a erradicar la pobreza y las desigualdades.

¿Cómo? ¿Cuáles caminos seguir? Las estrategias están definidas. Y fundamentadas por pensadores contemporáneos como Jürgen Habermas, Jacques Derrida y Alain Badiou. Y programadas explícitamente por Thomas Piketty. Tanto el Estado como la sociedad deben articular, de manera consensual, las políticas públicas y privadas con la finalidad de universalizar la autocomprensión y realización humanas. Las cuales necesitan condiciones de vida dignas. Y las que solo, únicamente, son posibles de alcanzar mediante una educación superior de calidad, universal, pública y gratuita. Igualmente, a través del acceso igualitario a un sistema de salud autosuficiente para el buen-vivir y el buen-estar de todos y todas. Más aún, construir una sociedad modelo en la que a nadie le falte empleo y salario digno, así también una decorosa vivienda. Tampoco el espacio para el arte ni para la comunicación y el debate público.

Y aquí viene el problema de las ideologías. Como teoría de las ideas, visión del mundo y discernimiento objetivo de la realidad social, la ideología aporta conocimientos y prácticas para mejorar las condiciones sociales de existencia. Se convierte en la lucha de la razón contra el engaño y la falsa conciencia. La verdad en movimiento persigue la justicia social, la solidaridad con otros y entre otros, y la emancipación humana. Pero desde tiempo inmemorial, y ahora en pleno auge, están y vienen las ideologías extrañas a la evidencia pero activas en la manipulación, en la supremacía del egocentrismo y en la cosificación del individuo y de las relaciones intersubjetivas. Todo, para enrarecer el actual curso de la historia con su pretendida globalización de la postverdad.

Es frente a estas ideologías irracionales de la extrema derecha que la resistencia contra las desigualdades debe autoconfigurarse en una mayoritaria fuerza ciudadana. Es decir, avanzar de las protestas y manifestaciones ocasionales y coyunturales hacia una sólida organización política progresista. Y a tal efecto, le urge un proyecto alternativo de sociedad, el que sea capaz de instituir el Estado democrático y social de derecho. El mismo que ya está consagrado en la Constitución de la República del Paraguay.

Filosofía

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