04 abr. 2026

Renuncia de magistrados acusados por corrupción es tendencia creciente

¿MOTIVO DEL PEDIDO? Varios fiscales y jueces cayeron por coimas, favorecimiento en causas y la trama de pagarés.
LEGAJO. La Corte acepta todas las renuncias a magistrados, pero deja constancia de los procesos en los que están.

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Fachada de la Corte Suprema de Justicia.

Varios jueces y fiscales vieron como viable la rápida salida del cargo a través de la renuncia, luego de haber sido imputados, al ser salpicados por hechos de corrupción. En el último año, este hecho se volvió una fiebre incontenible. Aún así, los denunciantes coinciden que esto no debería dejar los casos impunes.

El último caso es de la ahora ex fiscala Stella Mary Cano, imputada por presunta persecución de inocentes, tras ser denunciada por un estilista italiano quien fue detenido solo para entregar bienes de su empresa por valor de G. 700 millones. La que firmó la orden de detención fue la entonces agente fiscal.

Tras ser desaforada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ella decidió presentar su renuncia indeclinable y el pleno de la Corte la aceptó.

MAFIA DE PAGARÉS. En el esquema de la trama de pagarés, fueron tres jueces de Paz los que decidieron renunciar tras ser imputados y ante sospechas de ser parte de la mafia.

Se trata de los entonces magistrados Liliana González de Bristot y Víctor Nilo Rodríguez, ambos de Asunción; y Norma Ortiz, de Luque.

Todos estos ya estaban enjuiciados por el JEM y suspendidos por la Corte y decidieron dejar su cargo.

COIMAS. Por su parte, el ahora ex fiscal de Emboscada Bernardo Elizaur Aguirre (55) fue imputado a finales del 2025 por supuestamente pedir coima para “ayudar” a un procesado por lesión grave.

Se entregaron G. 7 millones en efectivo en una operación vigilada, dinero que le habrían solicitado a través del Whats- App al procesado Mauricio Soel Méndez Gómez.

Tras salir a luz el caso, decidió renunciar a su cargo.

Al igual que él, también dio un paso al costado la entonces jueza de Lambaré Isabel Bracho, imputada por supuestamente recibir USD 50.000 de parte de Walter Galindo, un procesado por narcotráfico.

Ella tenía un enjuiciamiento abierto en el Jurado, que terminó en archivo.

En el 2023, también había renunciado la ex fiscala Ana Girala, quien actualmente está sometida a juicio oral y público, por presunto cohecho pasivo agravado (coima), ya que supuestamente ella habría pedido dinero para beneficiar a varios procesados.

CASO LALO. En el año 2025 ya habían renunciado las ex juezas de Sentencia Carmen Silva y Ana Aguirre, tras saltar a luz sus chats con el diputado Eulalio Lalo Gomes, que revelarían un intercambio de dinero para salvarse de investigaciones en el JEM.

Estas también habían absuelto y liberado a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, acusado por el homicidio del periodista Leo Veras.

OTRAS RENUNCIAS. En los últimos meses, varios fiscales y jueces dimitieron, pero por otros motivos ajenos a la corrupción. Fue por las modificaciones en la Ley de la Caja Fiscal por lo que decidieron renunciar a sus cargos.

Según datos, hay unos 200 que ya tienen las resoluciones de jubilación, y otros 200 también estarían solicitando.

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En un solo caso, la Corte Suprema rechazó el pedido

El único caso en el que la Corte Suprema de Justicia no aceptó la renuncia de un magistrado fue respecto a la entonces jueza de Ejecución Penal María de Lourdes Scura, sindicada por beneficiar con la prisión domiciliaria a un condenado.

La Corte había remitido sus antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a la Fiscalía por el caso de la Caja de Jubilaciones del Personal de Itaipú Binacional.

Después de un tiempo, sí le aceptaron la renuncia.

CRITERIOS. Con el correr de los años, la Corte decidió aceptar la mayoría de las renuncias dado que no se le puede obligar a mantenerse en el cargo, pero se deja constancia que se realiza en medio de un proceso en el JEM.

El abogado Guillermo Ferreiro señaló que no se le puede impedir renunciar a un magistrado en medio de un proceso, y menos renuncian para jubilarse, ya que es un derecho por los años trabajados.

Confirmó que el beneficio es que no quede el antecedente de haber sido echados por mal desempeño de funciones, pero explicó que “la causa penal debe continuar”.

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