El ex gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, cumple desde ayer su pena de 10 años de cárcel, por lesión de confianza por el desvío de G. 5.105 millones de la Gobernación por obras que según la condena no se hicieron. Estará en el Penal Industrial La Esperanza, según resolvieron.
Su defensor, el abogado Bernardo Villalba, señaló que plantearon una acción de inconstitucionalidad contra el fallo de la Sala Penal de la Corte, que declaró inadmisible el recurso, y contra la resolución del Tribunal de Apelación Penal, que ratificó su pena.
El lunes, el juez de Ejecución de Sentencia, Carlos Mendoza, dejó sin efecto las medidas alternativas que tenía y decretó su captura a los efectos de que cumpliera con su pena de 10 años de cárcel.
Ayer, a las 06:45 horas, Hugo Javier llegó solo a la sede del Departamento Judicial de la Policía, se presentó ante la oficina de guardia y anunció que iba para ponerse a disposición de la Justicia.
Los agentes le pusieron una capucha para hacer las fotos y la ficha para ingresar tras las rejas. Luego se resolvió que cumplirá su pena en el Penal Industrial La Esperanza.
Defensa. Su abogado defensor, Bernardo Villalba, explicó que el mismo ya tuvo tres años de arresto domiciliario y seis meses de prisión preventiva, hasta que finalmente le dieron medidas alternativas.
Con ello, el juez de Ejecución deberá descontar ese tiempo de los 10 años de cárcel que le aplicaron, con lo que le faltarían 6 años y seis meses de prisión.
No obstante, el abogado sostuvo que plantearon una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, contra el fallo dictado por la Sala Penal del Máximo Tribunal integrado por los ministros Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón y la camarista Silvana Luraghi, que declararon inadmisible la casación.
Además, la acción también va contra la resolución del Tribunal de Apelación Penal, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres, que confirmó la condena.
Según dice la defensa, en el juicio oral se demostró con pericias de la misma Fiscalía que las obras efectivamente fueron realizadas y que fueron por el costo del supuesto desvío, por lo que no existió delito.
Dice que pese a que se demostró su inocencia con las pruebas de la Fiscalía, el 4 de enero del 2025 las juezas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel le condenaron, por lo que con la acción de inconstitucionalidad piden la nulidad de los fallos.
Citan como precedentes el fallo de la Sala Constitucional que anuló una resolución que antes había sido revisada por la Sala Penal de la Corte.
