La Pastoral Indígena Arquidiocesana (PIA) y la Conferencia de Religiosos del Paraguay (Conferpar) emitieron un comunicado respecto a la situación de la comunidad Ka’a Poty, del pueblo Avá Guaraní, que volvieron a Itakyry (Departamento de Alto Paraná), tras dos desalojos, y que apenas llegados fueron denunciados por sojeros porque presuntamente se reubicaron en un sitio equivocado y hablan de invasión.
“Impulsados por el espíritu sinodal, hacemos eco y nos posicionamos ante determinadas situaciones coyunturales que sufren los pueblos indígenas en nuestro país. El acompañamiento cercano y el servicio misionero a nuestros hermanos nativos nos permiten reconocer a Cristo en los rostros de los más vulnerables entre los vulnerables y nos comprometen a defender la vida, la tierra y las culturas”, señalan.
Al respecto, recordaron que no es la primera vez que se pronuncian en este caso, ya que en otras oportunidades ya mencionaban la triste situación en que se encontraba la comunidad Avá Guaraní Ka’a Poty de Itakyry, Alto Paraná, despojada dos veces de sus tierras, legalmente compradas y tituladas por el Instituto Nacional del Indígena (Indi).
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“El pasado viernes 24 de junio, la comunidad Ka’a Poty regresó a sus tierras en Itakyry, después de haber vivido siete meses en condiciones infrahumanas en la Plaza de Armas de Asunción. Se logró dar un paso importante y significativo para la sociedad paraguaya mediante un diálogo interinstitucional entre el Indi, el Ministerio del Interior, referentes de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado y miembros de organizaciones sociales y eclesiales”, destacaron.
Sostienen que las instituciones estatales se comprometieron con la comunidad a la restitución de sus tierras y se vio la necesidad de agilizar la gestión de la mensura judicial, que lleva más de un año parado en el Poder Judicial.
“Pero nos preocupa que, habiendo llegado al lugar que había sido determinado previamente, según plano y el título del Indi, se presentaron personas particulares acusando y denunciando a los indígenas”, lamentan.
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Por esa razón, solicitan a las instituciones del Estado tranquilidad y seguridad para dicha comunidad, de tal modo a evitar hechos de violencia y desalojos forzosos.
“Pedimos de manera urgente que el Indi solucione este problema de ubicación y medición de su propiedad con la respectiva verificación de sus lindeles. Y al Poder Judicial que no siga retrasando la mensura judicial necesaria para la paz de todos”, reivindicaron.
Nuevo problema por reubicación
Luego de vivir cerca de ocho meses en la Plaza de Armas, en Asunción, al menos unos 50 indígenas Avá Guaraní, con apoyo de varias instituciones, regresaron la semana pasada a Itakyry. Pero ni bien llegaron al lugar, las familias de la comunidad Ka’a Poty fueron denunciadas por los propietarios de sojales Abel Simões de Almeida y Vitor Mazzetto ante la Comisaría 28ª de Itakyry por la supuesta invasión a su propiedad y desacato a una orden judicial de amparo.
Hicieron constar en la denuncia que se ocuparon tres fincas, que totalizan 83 hectáreas, que son la finca N° 2632, padrón 2508; la finca N° 18252, lote 14 A fracción B manzana F, y la finca N° 1839.
Bruno Barrios, director de Auditoría Interna del Indi, quien encabezó la delegación, explicó a Última Hora que se presentó una confusión al llegar al lugar, porque la líder de la comunidad, Marta Díaz, aseguró que estaban en el sitio que se estableció en el acuerdo entre el Ministerio del Interior y el Senado.
El funcionario señaló que se trataba de un territorio de producción totalmente mecanizada y que, mientras se verificaba, los indígenas de inmediato se instalaron en el predio.
