La ministra del Interior, Priti Patel, presentó este lunes ante el Parlamento británico un documento de 130 páginas en que se recogen los requisitos que deberán cumplir aquellos que lleguen al Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021.
Entonces se dará por finalizado el periodo de transición y la salida efectiva de la Unión Europea significará el fin de la libertad de circulación para ciudadanos comunitarios, que pasarán a ser evaluados con el mismo sistema que habilita la residencia de emigrantes de otras partes del mundo.
El Gobierno del conservador Boris Johnson diseñó un plan en el que aquellos que deseen vivir y trabajar en el Reino Unido deben ganar 70 puntos, que se otorgarán por contar con una oferta de trabajo de un empleador certificado, tener un nivel acreditado de inglés y ganar más de 25.600 libras (28.400 euros) anuales.
Además, los candidatos que opten a empleos en sectores de “escasez de ocupación”, como la enfermería y la ingeniería civil, podrán obtener puntos extras.
El sistema alentará la llegada no solo de científicos e ingenieros, sino también de trabajadores del mundo del arte, especialmente si llegan respaldados por organismos como la Royal Society, la Royal Academy of Engineering o el Arts Council England.
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Este grupo tendrá facilidades para obtener un visado especial que se otorgará de forma más rápida (en un periodo de tres semanas) y con un coste menor, a fin de incentivar, específicamente, la llegada de personal sanitario, lo que no incluirá a cuidadores profesionales, detalló el Ejecutivo.
El objetivo, según afirmó Patel, es alentar a los empleadores a “invertir” en trabajadores británicos, y al mismo tiempo “atraer a los mejores y más brillantes de todo el mundo”.
“En un momento en el que un mayor número de personas en todo el Reino Unido está buscando trabajo, el nuevo sistema basado en puntos alentará a los empleadores a invertir en la fuerza laboral nacional, en lugar de depender simplemente de mano de obra extranjera”, dijo la titular de Interior.
El Partido Laborista, primero de la oposición, afirmó que va a examinar las propuestas “con mucha atención”, y criticó que el Ejecutivo haya presentado el plan “de forma apresurada”, “con muy pocos detalles” y “en medio de una pandemia global”.
Ni poco cualificados ni condenados
En el nuevo plan, que se divulgó de forma preliminar en febrero antes de decretarse el confinamiento por la Covid-19, no se contemplan rutas migratorias para personas que lleguen sin una oferta laboral o bien aspiren a trabajar como autónomos en el Reino Unido.
Se considerará trabajador poco cualificado a aquel que no cumpla el salario mínimo requerido, lo que ha generado preocupación en el sector agrícola y asistencial, la construcción y la hostelería, donde actualmente trabajan muchos ciudadanos de la UE, especialmente recién llegados.
De acuerdo con el nuevo sistema, cualquier persona que haya sido sentenciada a un año o más de prisión tendrá la entrada vetada y, en caso de residir ya en el Reino Unido, “debe ser considerada para deportación”, incluso si su pena es inferior a los doce meses, cuando se considere un peligro para la seguridad ciudadana.
“Como parte del sistema basado en puntos, se adoptará un enfoque robusto y consistente para aplicar los umbrales de criminalidad del Reino Unido a la denegación de entrada, permiso para permanecer en el Reino Unido, deportación y exclusión a ciudadanos de la UE y no pertenecientes a la UE”, recoge el documento.
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Respecto al visado para estudios, señala que todavía se está perfeccionando, pero se contempla que, a partir del próximo verano, los estudiantes internacionales puedan quedarse un mínimo de dos años después de terminar su formación, para lo que deberán ganar al menos 20.480 libras (22.700 euros) al año, una excepción que puede aplicarse también en la educación y la sanidad.
Johnson se mostró confiado en que la limitación de llegadas no dejará sin trabajadores a los servicios sociales, que se nutren en gran medida de mano de obra extranjera.
“No lo olviden, una de las cosas asombrosas que hemos visto en los últimos meses es que, en realidad, hay más ciudadanos de la UE, estoy orgulloso de decir, viviendo y trabajando en este país de lo que pensábamos”, dijo el premier, que, durante su hospitalización por la Covid-19 el pasado abril, recibió los cuidados de dos enfermeros inmigrantes: una neozelandesa y un portugués.
“Aunque, por supuesto, vamos a retomar el control y estamos controlando nuestro sistema de inmigración, no vamos a simplemente cerrar las puertas y detener a nadie que venga a este país”, destacó.
Los 3,4 millones de comunitarios que actualmente viven en el Reino Unido deben presentar una solicitud para obtener un permiso de residencia -que es indefinido si llevan más de cinco años en el país- como requisito legal para permanecer en él tras el divorcio de Bruselas.
