Parlamentarios y autoridades del IPS modificaron una norma del sistema jubilatorio que generó el malestar ciudadano, a pesar de que podría tener efecto positivo en la sostenibilidad del sistema. En economía y en políticas públicas, los incentivos, el debate y la negociación son instrumentos imprescindibles para lograr cambios estructurales y duraderos. Sin un consenso social no lograremos universalizar la seguridad social y superar la necesidad de programas residuales que no logran evitar la pobreza, y tampoco garantizan una vejez digna.
De hecho, la crisis de los regímenes policial y militar está vigente, ya que una importante parte de las jubilaciones se cubre con impuestos que se recaudan de manera inequitativa y con el aporte de personas que no se jubilarán porque están excluidas de cualquier mecanismo vigente en el país.
Entre los problemas que tiene la sostenibilidad de los fondos jubilatorios se encuentra la multiplicidad de normas que definen desigualdades en los montos de los aportes, años de aportes, tasas de reemplazo, edades de jubilación, cálculo del monto de la jubilación, entre otras.
El sistema jubilatorio en Paraguay contribuye a la desigualdad económica por todos estos problemas, en lugar de ser un mecanismo igualador como se esperaría, dados sus objetivos de protección social. En un sistema solidario como el nuestro, uno de los factores estructurales es la base contributiva, ya que para que unos cobren jubilación otros deben aportar. Cuando la base es pequeña y la población envejece cualquier solución parcial es insuficiente. Por eso, entre las medidas mas importantes para salvar el sistema debe estar el aumento de la cobertura.
Dados los problemas que enfrentan las prestaciones de salud del IPS y las recientes decisiones respecto a las jubilaciones, la percepción ciudadana se torna negativa, reduciendo los incentivos al ingreso de manera voluntaria y sin la intermediación de los mecanismos de fiscalización. Estos mecanismos son sumamente débiles por la escasa cantidad de recursos humanos asignados.
Si el sistema no logra fortalecer la base contributiva, ningún cambio paramétrico resolverá los problemas ni siquiera en el corto plazo. Las señales que se están dando no ayudan a que la población trabajadora se incluya de manera no coercitiva. Al contrario, la evasión que ya es alta continuará.
La medida recientemente tomada podría ayudar a reducir la informalidad. Algunos estudios señalan que con la norma anterior se incentiva a declarar menores salarios y por tanto aportar menos de lo que corresponde para luego “blanquear” en los últimos tres años. Esta conducta perjudica al resto que en apego a la ley declara sus salarios como debería.
Sin embargo, en lugar de debatir y explicar los problemas y posibles soluciones las autoridades aprueban cambios de manera prepotente que en lugar de mejorar la situación podrían tener un saldo neto negativo a mediano y largo plazo. Esta semana, parlamentarios y autoridades del Instituto de Previsión Social, al modificar una norma del sistema jubilatorio, generaron el malestar ciudadano. En economía y en políticas públicas, el debate y la negociación son instrumentos imprescindibles para lograr cambios estructurales. Sin un consenso social no lograremos universalizar la seguridad social y superar la necesidad de programas residuales como la pensión alimentaria para personas mayores que no sacan de la pobreza, ni garantizan una vejez digna.
La democracia no se acaba con el acto eleccionario. En economía los incentivos y la negociación son fundamentales para reducir costos de transacción y conflictividad y aumentar la confianza necesaria para que el Estado funcione para el bien común. Sin diálogo cualquier cambio en la reforma del sistema jubilatorio en un ambiente autoritario, sin diálogo informado y evidencias empíricas rigurosas serán parches que difícilmente beneficiarán ni siquiera a quienes ya se jubilaron, menos aún a quienes están aportando.
