Opinión

Registro

Raúl Ramírez Bogado – @Raulramirezpy

Los periodistas tenemos que decir la verdad, aun cuando moleste. No podemos solo decirle a la gente lo que quiere oír, porque de lo contrario en qué nos diferenciaríamos de los políticos populistas a los que tanto criticamos.

Antes de seguir, aclaro que para mí los casos de abuso sexual y violación son los más deleznables que existen, porque la víctima queda con secuelas de por vida. Siempre tendrá ese recuerdo e incide en su vida posterior. Esto porque hablaré de la Ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales. Anticipo que es inconstitucional.

Nuestra Ley Suprema dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (Art. 5). A esto se suma que ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o condenado (Art. 14).

También que “los actos ilícitos o la deshonra de los imputados no afectan a sus parientes o allegados” (Art. 18). El Art. 21 dice que el objeto de la pena es la “readaptación de los condenados y la protección de la sociedad”. Son congruentes con los principios de humanidad, y de la trascendencia mínima, donde la pena no debe recaer en nadie más que la persona imputable.

Tenemos el artículo 33 del derecho a que el Estado proteja nuestra intimidad, dignidad y la imagen privada. Los artículos 46 y 47 hablan de la igualdad de las personas y de las garantías de igualdad ante la ley. Por último, el artículo 88 habla de la no discriminación.

Por qué estas citas. Es que el Registro de Nacional de Agresores Sexuales estará en las páginas web de 8 instituciones, entre ellas el Poder Judicial y el Ministerio Público, y serán de acceso público.

Esta lista contendrá datos de los condenados con sentencia firme, su foto actualizada, sus documentos, un relato de los hechos por los que le condenaron, la sentencia que le aplicaron, el tribunal que la dictó y el lugar exacto donde residirá. Es más, también debe estar el nombre del empleador de la persona y la identificación de la empresa.

Partamos de la base que la mayoría de los abusos de niños se dan en el ámbito familiar, con lo que al estar el nombre de los autores, el relato de los hechos, ya se sabrá quién es la víctima, lo que hará que exista una doble victimización. Este punto parece servir más para el morbo que para utilidad pública. De qué sirve conocer cómo se dieron los hechos.

Es más, en caso de no ser parientes, la víctima que sea, siempre tendrá en la web la forma en que ocurrieron los hechos. Y no solo eso, los parientes del condenado que nada tienen que ver con el caso, serán tenidos como madre, hermano, hijo/a de un condenado por abuso sexual, con lo que claramente serán discriminados.

Además, se establece que el violador o abusador figurará en el Registro luego de cumplir con su condena, con lo que pese a que ya pagó su delito con la sociedad, donde supuestamente le entrenaron para readaptarse, no podrá hacerlo, porque están sometidos al escarnio público. Esto sería prolongar la pena más de lo prevista en la ley, lo que raya la inconstitucionalidad.

Con figurar en el Registro, se le da una muerte civil a la persona. ¿Quién querrá emplearlos? Es que tu nombre aparecerá en una lista de violadores y cualquier cliente dirá que empleas a abusadores, lo que puede producir un boicot. Ya vimos durante la pandemia cómo varias personas atacaron hasta con piedras lugares donde iban a estar los refugios para los llegados del extranjero. Imagínense si se sabe que hay un violador ahí.

El violador o abusador es un enfermo que debe ser tratado. En todo caso, que la lista solo esté disponible para los jueces, fiscales y policías, que juzgan e investigan los hechos. El hacerlo público hará que peligre la persona y se someta a la doble victimización a las pobres afectadas.

Esta ley solo favorece el morbo de la gente, la discriminación de las personas, la prolongación de la pena, y le da una muerte civil a los mismos, pese a que se los quiere readaptar. Ahora, que vengan los escraches…

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