Previo a la sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores, donde se está tratando el proyecto de ley para la reforma del transporte público, el vicepresidente de la Comisión de Hacienda, Natalicio Chase, brindó declaraciones ante los medios con respecto a las modificaciones que plantearon al documento que había sido presentado por el Poder Ejecutivo.
En cuanto al fideicomiso y las preocupaciones que surgieron sobre la garantía de los fondos, el senador oficialista señaló que al artículo 71 de la propuesta legislativa le agregaron un párrafo con el cual permitirán asegurar que, en caso de que se hagan inversiones financieras, no sea solo a través de una entidad bancaria.
“En la redacción original le permitía al fideicomiso hacer inversiones financieras con el objetivo de mantener el valor del dinero a lo largo del tiempo, en caso de que tengan depósitos a corto plazo y que no haya compromisos que pagar. (…) Se establecieron normas un poco más rígidas con respecto a las garantías de esos fondos reglados por el BCP”, explicó, refiriéndose al Banco Central del Paraguay.
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Al ser consultado con relación al plazo de la implementación de la reforma –lo que se estima podrá darse en cinco años mientras la ciudadanía padece el ineficiente servicio–, el parlamentario cartista dijo que esto dependería de la financiación, lo que podría ser también mediante una alianza público-privado.
Recordó que, hasta el momento, el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 solamente contempla una inversión de USD 55 millones para el transporte público, por lo que no se descarta que las empresas privadas también realicen las compras de los buses.
“Nosotros tenemos la fe de que eso se va a hacer en el menor tiempo posible. No conocemos la velocidad que va a tener. Una vez que se apruebe la ley, vamos a saber. Depende de muchos factores. (…) No sabemos si el sector privado va a ser parte de la provisión de la flota, por ejemplo, o no. Está abierta esa alianza público-privada o alianza privada sola. Entonces, de acuerdo a eso, puede darse en un año, como puede darse en cuatro o cinco años”, apuntó.
Remarcó que la compra de los buses “es mixta” y que “eso va a ser definido seguramente de acuerdo con la oferta y la demanda”. “Inicialmente solo están previstos USD 55 millones para el subsidio, de los USD 300 millones que se necesitan. Y bueno, eso avanzará. Vamos a ver si hay inversión privada o si se prevé para el presupuesto siguiente un crecimiento más rápido con aporte del Estado”, añadió.
Garantía para choferes
Con respecto a la preocupación de los choferes, quienes exigen garantías laborales en el estudio de dicho proyecto de ley, el legislador aseguró que los trabajadores ya están “100% protegidos por el Código Laboral”, incluyendo el derecho a la huelga, y que ninguna ley en particular puede anteponerse a dicha normativa.
También aseguró que las empresas que operan actualmente tendrán “ventajas en la licitación”, por lo que no creen que los cambios impliquen una disminución de puestos laborales.
Sin embargo, defendió la idea de que los conductores pasen una prueba psicológica o laboral, debido a que se trata de un puesto que conlleva el cuidado de vidas humanas, y que, aunque esto no está contemplado en el actual documento redactado, considera que se deben intensificar los controles.
“Siempre todas las empresas van a buscar los más idóneos y sobre todo cuando está en juego la vida del pasajero. Yo estoy de acuerdo con que incluso se intensifiquen los controles. Pero eso no está previsto en este proyecto de ley. Debería ser así. ¿Cuántas veces vemos la irresponsabilidad de los choferes que están jugando carrera o que son responsables de accidentes por justamente esa falta de evaluación, ya sea psicológica o laboral?”, sugirió.
Finalmente, en cuanto a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán), el senador aseveró que el ente “mantiene su autonomía”, pero que tendrá una coordinación con la Administración Central, a través del Viceministerio de Transporte, especialmente para el establecimiento de las vías.
