El Viceministerio de Transporte, ente regulador del sistema, prevé iniciar la reforma en el 2026, con la incorporación paulatina de buses eléctricos y la definición de nuevos ramales de buses, basados en una ingeniería de movilidad.
La división de los modelos de negocios, con una alta participación del Estado y la reducción de la cantidad de empresas permisionarias, son algunos de los ejes de la reforma, que prevé incorporar al menos 1.000 nuevos buses al sistema, dentro de los próximos 4 años.
La nueva ley también aclara al transporte metropolitano como servicio público imprescindible y fijo un servicio mínimo del 60% en casos de paros o huelgas.
Para el financiamiento de la reforma se prevé una inversión aproximada de USD 300 millones para la compra de buses. Las inversiones podrán realizarse desde el Estado, así como del sector privado.
La primera unidad parte de las siete previstas en la reforma, iniciará en el 2026 con 185 buses nuevos; la segunda en el 2027 con 286 buses; la tercera en el 2028 con 266 unidades; y la implementación final se dará en el 2029 con 262 buses, completando los 1.000 buses nuevos, según expuso el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, al Congreso.
