La segunda visita del coordinador global anticorrupción de los Estados Unidos, Richard Nephew, a nuestro país, invita a redoblar esfuerzos para una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad.
Nephew aseguró que para su país es prioridad la lucha contra estos males endémicos, por lo que se reunió sobre colaboraciones con representantes del Estado, de la sociedad civil y del sector privado. Enfatizó “la importancia de que se garantice el Estado de derecho, el control ciudadano y la rendición de cuentas, para generar un entorno seguro y atractivo para la inversión extranjera”.
La voluntad política debe ser incuestionable para que estos objetivos puedan traducirse en plena realidad. A este efecto, en lo ideal, el Poder Judicial y la Fiscalía deben ser instrumentos para que la evasión de la Justicia no sea una opción.
Sin embargo, los tentáculos de la política llegan a estas instituciones, por lo cual la tarea se vuelve harto, difícil, pero no imposible para aquellos que quieren hacer bien su trabajo, lo que se observó en algunos tribunales en la emisión de sus sentencias, aunque todavía no alcanza.
Un aspecto llamativo es que el mismo día en que el funcionario se reunía con el presidente Santiago Peña, un juez desestimó, a pedido fiscal, la causa formada contra Hugo Velázquez, ex vicepresidente de la República, por soborno. La investigación se había iniciado luego de que fuera declarado significativamente corrupto por los EEUU.
Anteriormente, también fueron sancionados por el país norteamericano el ex presidente Horacio Cartes, el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y el ex senador colorado Óscar González Daher, quien luego falleció.
La falta de evidencias contundentes de la Fiscalía suele ser el talón de Aquiles a la hora de la presentación de las acusaciones, como el que ocurrió en el caso del perjuicio de casi G. 10.000 millones a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Luego, esta causa dejó de aclararse al operar la prescripción, cuyo fallo se emitió un día después de la presencia del funcionario estadounidense.
El desvío de los recursos públicos a fines distintos para los que fueron presupuestados es un problema que afecta a aspectos sustanciales en el desarrollo integral de una sociedad. Impacta de manera negativa en la educación, la salud y la alimentación de los sectores más vulnerables.
El mal uso de estos fondos se arrastra desde antaño y es un problema repetitivo porque se necesitan instituciones más sólidas para que el combate a los que meten la mano en la lata sea más eficiente. Es cierto, se han conseguido algunas condenas emblemáticas contra políticos, pero todavía son insuficientes, ya que los administradores públicos en su mayoría eluden la transparencia de la rendición de cuentas.
Aquí también la Contraloría debe cumplir su rol para el control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y sobre el crecimiento patrimonial de los funcionarios, que suele ocurrir con las coimas.
Atendiendo a lo vital que es la lucha contra la corrupción porque agrava la pobreza, desalienta la inversión, socava el desarrollo social y económico y pervierte el imperio de la ley, no se debe desaprovechar la oportunidad de articular acciones para combatirla, asimilando las experiencias, conocimientos y herramientas puestas a disposición del Gobierno.
