Tenemos un pésimo sistema de Justicia y eso lo sabemos todos. Jueces, abogados, fiscales, policías y guardiacárceles son noticia no por sus logros en combatir los hechos criminales si no por protagonizarlos. El prontuario de muchos de ellos es más largo que los artículos constitucionales de organización del Estado.
Fiscalas que renuncian cuando por presión ciudadana y de la prensa admiten que no haber pedido los teléfonos del presidente, el comandante de policía y José Ortiz (secretario de Cartes) no era más que una “cuestión morbosa”, cuando eso era clave para saber quién ordenó el asalto al local del PLRA y el asesinato de Quintana en abril de 2017.
El magistrado Corbeta avaló todo eso como juez de garantías. Raquel Fernández renunció antes de que la echaran porque no quiere que le impongan la sanción de “no volver jamás a la función pública”. Esta es solo una muestra de la desfachatez de nuestro sistema judicial, que cada día acumula muestras de corrupción, descaro e insulto. No les entra en razones nada hasta que llegan los reclamos desde afuera. En ese momento, sus defensores claman por respeto a la soberanía nacional como un recurso’í, sin fundamento ni sostén.
Les insulta que el Brasil haya avanzado en la investigación del caso Messer, cuyos cómplices locales siguen ocupando altas funciones en el actual gobierno. El titular del BNF -donde se movieron millones de dólares- es hoy ministro de planificación y el que no vio nada desde el Banco Central: Gustale es todavía hoy miembro de su directorio.
El ex de Seprelad está suelto y los que eran de Hacienda y BCP dan conferencias sobre los riesgos del lavado de dinero, desde el directorio de uno de los bancos indiciados. Con todo esto nos preocupa que los del FBI se sienten con gente del Gobierno y les digan como operaba Cynthia Tarragó, o cómo se lavan miles de millones de dólares anualmente en el país.
Una avergonzada y disminuida fiscala general ordena la intervención de dos casas de cambio donde la lavandería aparentemente funcionaba a las órdenes de Messer. Lo hizo en el mismo día y a pocos minutos antes de la cita Trump-Abdo en la Casa Blanca. Claro que no hay voluntad, interés ni deseo de limpiar la cloaca a cielo abierto que tenemos.
Quien duda que el sistema judicial es parte de un Estado capturado que si no enfrentamos a tiempo corremos el riesgo de acabar como República. Deberíamos pedir ayuda internacional y hacer la tarea porque solo con nuestras débiles y coaptadas instituciones habremos capitulado.
Los guatemaltecos pidieron la ayuda de la ONU hace 12 años y lograron meter en prisión a presidentes, ministros, legisladores, directores de aduana, parientes de los políticos y empresarios que operaban con el Estado. Fueron más de mil. Lograron ser tan eficientes con un fiscal internacional que el actual Gobierno no les renovó el contrato y tuvieron que marcharse el pasado 1 de abril.
El centro internacional de combate a la impunidad logró un resonante éxito y fue víctima del mismo. Ahora replican el modelo en Honduras y Ecuador. Debemos traerlo para que nos ayuden en la tarea de limpieza, que aquí nuestros agentes no tienen el más mínimo interés ni coraje para hacerlo. Todo lo que saben los brasileños del caso Messer es a partir del teléfono del hoy detenido; y, sobre la Tarragó, jamás los nuestros sabrían sus negocios sin los encubiertos del FBI; y hasta podría haber logrado ser intendenta de Asunción el próximo año.
Por eso es un recurso’í decir que perdemos soberanía con la cooperación internacional en materia de Justicia. Por el contrario, recuperamos soberanía concedida al narcotráfico, la guerrilla, el lavado de dinero, el terrorismo internacional y los mercaderes de la justicia, quienes junto con los políticos están rifando nuestro destino. Basta de recurso’í y de pretextos tontos. Solos no podemos y la guerra contra la delincuencia la estamos perdiendo. Juntos con la comunidad internacional quizás podremos remontar el mal resultado actual. Probemos.
