A las 07:00 de este jueves, una caravana de 150 camiones y motocarros partió desde el barrio Kennedy; luego hizo una parada en la comisaría de la zona y finalmente llegó a la explanada de la Municipalidad de Capiatá.
La manifestación fue organizada por los integrantes de la Asociación Paraguay Recicla en reclamo por las disposiciones de la Ley 294, de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que va dirigida a grandes empresas.
Puede interesarle: Día Mundial del Reciclajador: Más de 30 mil familias viven de este oficio en Paraguay
“Es imposible de cumplir los requisitos de la Ley 294 que regula la habilitación del reciclador. Esa ley es para las grandes empresas, y para una chatarrería pequeña de 12x30 es imposible aplicar las disposiciones”, explicó Bonifacio Domínguez, presidente de la Asociación Paraguay Recicla, a Última Hora.
La legislación exige un tinglado, que como mínimo cuesta G. 100 millones, más el estudio de impacto ambiental, cuyo costo es de G. 16.000.000, de acuerdo con Domínguez.
“Es imposible pagar y entonces los recicladores no saben qué hacer, porque la Municipalidad exige la licencia ambiental y la patente comercial de la chatarrería. Y al no tener eso ya te cierran el local”, remarcó.
Domínguez indicó que la medida de fuerza obedece a una falta de respuesta a sus inquietudes, que vienen realizando desde hace un tiempo.
Exigen la categorización del rubro, la modificación de la ordenanza municipal del 2018 y la reivindicación laboral ante las denuncias de que “el rubro es utilizado como aguantadero para reducir objetos”.
También puede leer: El AmorEte, una forma de hacer arte con el reciclaje
Domínguez señaló que la Junta Municipal acordó tratar la ordenanza para modificarla, así también, va a convocar a una mesa de diálogo con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para poner todo en regla.
“Queremos pagar nuestro IVA, queremos tener la licencia y que se modifique la Ley 294 para categorizar el rubro”, subrayó.
Domínguez sostuvo que dicha ley no prevé un porcentaje menor en el pago de los impuestos para los pequeños trabajadores, como los acopiadores y chatarreros.
