El juez penal de Garantías Marino Méndez rechazó la solitud de los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, sobre la reapertura de una investigación por enriquecimiento ilícito contra Javier Zacarías Irún.
El magistrado sostiene que ni en la doctrina del Derecho Administrativo ni en la Ley del Funcionario Público se reconocen bajo esa figura a los asesores ad honórem, informó el corresponsal Edgar Medina.
Con base en estos principios, el magistrado argumentó que Zacarías Irún no obra en función del órgano municipal en Ciudad del Este, y por ende sus actuaciones no son imputables.
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Por otro lado, indicó que un informe de la Secretaría de Prevención al Lavado de Dinero (Seprelad) describe que el incremento de los bienes de Zacarías Irún se dio entre los años 2007, cuando dejó de ser intendente, y el año 2018, antes de presentar su declaración jurada para asumir como senador, como argumento para rechazar el pedido de la reapertura de la investigación penal.
El año pasado, Méndez también fue cuestionado por haber otorgado un amparo judicial a favor de Sandra MacLeod de Zacarías, en ese entonces intendenta, que impedía a la Junta Municipal de Ciudad del Este tratar su renuncia.
A raíz de ello, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dispuso abrir una investigación preliminar contra el juez.
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El caso
La denuncia por enriquecimiento ilícito fue realizada inicialmente por las abogadas Kattya González y María Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, el 21 de junio de 2017. Las denunciantes señalaban que la familia Zacarías adquirió varios bienes y creó empresas, en los últimos años.
Este caso fue desestimado por pedido de la fiscala Yolanda Portillo, quien refirió que el delito de enriquecimiento ilícito había prescripto por el paso del tiempo, ya que habían transcurrido 10 años desde que Zacarías había dejado la Municipalidad.
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Sin embargo, el 13 de setiembre de 2018, los abogados Yolanda Paredes, Nicolás Russo, Eugenio Guerín y Miguel Ángel López presentaron una nueva denuncia con datos nuevos, con relación a las adquisiciones que había realizado la familia, siendo intendenta Sandra McLeod de Zacarías y asesor ad honórem su marido, Javier Zacarías Irun.
Se trata de una aeronave, inmuebles en el exterior y la creación de varias empresas en las que aparecen como accionistas, datos que fueron considerados como hechos nuevos por los fiscales Josefina Aghemo y René Fernández, por lo que solicitaron la reapertura de la investigación penal.
Con varias dilaciones, la Corte Suprema de Justicia derivó el caso a Ciudad del Este, recayendo el control ante Méndez.
Imputados
Javier Zacarías Irún está imputado en otra causa por lesión de confianza, por supuestamente incitar, entre los años 2014 y 2018, a funcionarios de la Comuna de Ciudad del Este a pagar, con dinero del Mmunicipio, publicidad y campañas políticas.
Se le acusa además de pagar a periodistas, los costos de alojamiento de publicistas argentinos contratados y alquilar dos radios (Parque e Itapirú) para evitar críticas o hablar a favor del Municipio o de la familia Zacarías-McLeod.
El senador y su cónyuge también fueron imputados por declaración falsa, porque aparentemente omitieron en sus declaraciones algunos bienes y cuentas.
