La cartera de Estado había anunciado que el plan contempla una autopista urbana elevada de 4 km que atravesará prácticamente toda la ciudad de Luque, y dos accesos más a la ruta PY02. Las obras se llevarán adelante a través de la adenda firmada con la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, que construye, opera y mantiene la ruta PY02 (tramo Ypacaraí-Caaguazú), en el marco de una Alianza Público-Privada (APP).
El Consejo considera que el plan “no resuelve los problemas estructurales de movilidad que afectan diariamente a Asunción y su entorno”, al mismo tiempo que “incentiva aún más el uso masivo de vehículos particulares”, agravando la congestión vial, la siniestralidad, la contaminación del aire, el deterioro de la calidad de vida de las personas, y la economía, “atendiendo al enorme costo del desplazamiento”.
Explicaron que la propuesta es inviable porque promueve a los automóviles, siendo “contraproducente” al profundizar los embotellamientos, y aumentar “los accidentes de tránsito, empeora la salud ambiental y urbana”, encareciendo la movilidad urbana.
Opción. Como alternativa, el Codeasu propone invertir en el transporte público. “Sostenemos que la verdadera salida a la crisis de movilidad urbana radica en una planificación, gestión e inversión pública decidida y sostenida en el Sistema de Transporte Público, mediante el diseño de un Plan de Movilidad Urbana Integrada y Sustentable, que se puede realizar al corto plazo y sin costo alguno solicitando una asistencia técnica de alguna de las agencias de cooperación internacional que colaboran con nuestro país y teniendo en consideración todos los estudios y planes ya elaborados”, señalaron.
Añadieron que estas inversiones deben ser implementada por el Gobierno en base a alianzas con las municipalidades de Asunción y del área metropolitana, “de las organizaciones de la sociedad interesadas y del sector empresarial privado”. Subrayaron que esto significará la modernización, ampliación y dignificación del transporte público, garantía de accesibilidad, seguridad y eficiencia; ciudades más habitables, saludables y prósperas; y “una sustancial reducción de los costos económicos de la movilidad urbana”.
