La garantía constitucional fue promovida contra la citada institución, a más de contra la Universidad Nacional de Asunción, de la que depende el colegio, y contra el Ministerio de Educación.
La jueza Rosarito Montanía, por sentencia del 13 de marzo pasado, había rechazado el pedido de los padres de los estudiantes. Es que todos ellos, alumnos del 2° curso de la media, habían reprobado tres asignaturas en el examen global ordinario del 2023, por lo que se dispuso la pérdida de matrícula, según el reglamento académico.
Los amparistas señalaban que el reglamento académico limitaba el derecho a la educación, consagrado constitucionalmente, lo que era arbitrario, había daño inminente contra los jóvenes. Incluso, que todos ellos tenían arraigo a la institución.
La jueza entendió que los amparistas eran libres de inscribir a sus hijos en otra institución pública, por lo que rechazó el amparo.
Los camaristas Delio Vera, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, entendieron que la resolución de la jueza se ajustaba a Derecho, por lo que la confirmaron.
