22 nov 2026

Ratifican prisión de imputados por millonaria estafa a colonos

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Investigación. Comitiva policial y fiscal durante un allanamiento de vivienda en la causa.

GENTILEZA

El juez Vicente Coronel, del Tribunal de Apelación Multifuero de la Circunscripción Judicial de San Pedro, ratificó ayer la medida de prisión preventiva para los procesados William Bogarín, ex director del Congreso Nacional, y la abogada Ilsa Paredes, quienes están imputados por pertenecer a un esquema criminal de estafa a colonos de Río Verde, de San Pedro.

Ambos se encuentran imputados por los delitos de estafa, asociación criminal y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

La causa es investigada por el fiscal José Alberto Godoy, de Santa Rosa del Aguaray.

Tanto Bogarín como Paredes se encuentran guardando prisión en una dependencia policial por un periodo de diez días y luego deberán ser trasladados a un penal para seguir cumpliendo su prisión preventiva, según menciona la resolución judicial.

En la causa, el Ministerio Público solicitó el arresto domiciliario para José Ljubetic, ya que tiene 73 años.

Según la investigación, Ljubetic se presenta como abogado, a pesar de que no está habilitado para ejercer la profesión en Paraguay, ya que su formación se llevó a cabo en el extranjero y no cumple con los requisitos legales para la práctica en el país.

Estos están sospechados de pertenecer a una estructura criminal para defraudar a colonos menonitas, quienes entregaron alrededor de USD 1.600.000 para la compra de tierras en la zona de Mariscal Estigarribia, Chaco paraguayo.

La denuncia, presentada por tres colonos menonitas, señala una maniobra fraudulenta que habría afectado a tres personas en un monto cercano a los USD 1.600.000.

Se trata de los hermanos Bernardo Friessen Neufeld, Herman Friessen Neufeld y David Friessen Neufeld, pertenecientes a la colonia Río Verde, quienes habrían sido engañados por los detenidos en una operación que aparentaba ser una legítima compra de tierras.

El caso se desprendió a partir de la supuesta compra de 8.000 hectáreas de tierras en territorio chaqueño, un negocio que, según las investigaciones, nunca se concretó, pero que logró captar la atención de los colonos. Las supuestas negociaciones empezaron ya en el 2017 y la entrega de dinero se seguía dando hasta este año.

Pero los colonos aseguran que nunca recibieron las tierras prometidas y que la transacción fue completamente ficticia. Ante esta situación, el fiscal Godoy encabezó varios allanamientos que concluyeron con las detenciones de los hoy imputados.

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