El debate sobre la racionalización del Estado ha cobrado fuerza en Paraguay en medio de la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y mejorar la eficiencia del gasto. Sin embargo, para la economista y doctora en Ciencia Política, Ana Rojas Viñales, la discusión suele partir de un diagnóstico equivocado, ya que con frecuencia se asocia la racionalización con reducir el tamaño del Estado o aplicar recortes presupuestarios.
Desde la economía pública, sostiene que el reto consiste en mejorar la calidad del gasto, de manera que los recursos públicos se asignen a aquellas políticas que generan el mayor beneficio para la sociedad.
“No se trata de gastar menos, recortando gastos, sino de gastar mejor teniendo en cuenta cuáles son las prioridades para que las personas vivan mejor”, afirma la especialista.
El diagnóstico: el problema no es el tamaño del Estado
Para Rojas, racionalizar el Estado significa optimizar la asignación, la gestión y la utilización de los recursos públicos para maximizar el bienestar social. En ese sentido, explica que el objetivo no pasa necesariamente por reducir la estructura estatal, sino por fortalecer su capacidad para responder a las prioridades nacionales con mayor eficiencia.
“La racionalización del Estado no implica necesariamente reducir su tamaño, sino optimizar la asignación, gestión y utilización de los recursos públicos para maximizar el bienestar social y cumplir con las responsabilidades del Estado”, señala.
A su criterio, este punto resulta especialmente importante en Paraguay, donde el gasto público y la presión tributaria se encuentran entre los más bajos de América Latina. Por ello considera que el principal problema no radica en el tamaño del Estado, sino en la manera en que administra recursos fiscales que ya son limitados.
“El principal desafío de Paraguay no radica en el tamaño del Estado, sino en la calidad, composición y eficiencia del gasto público”, sostiene.
Explica que el reducido espacio fiscal limita la capacidad para financiar bienes públicos, disminuir desigualdades y ampliar el bienestar de la población.
En ese contexto, sostiene que el país enfrenta desafíos relacionados con la rigidez presupuestaria, la superposición de funciones entre instituciones, las debilidades en la planificación y el monitoreo de programas y la diferencia existente entre los recursos ejecutados y los resultados alcanzados.
Estas observaciones, agrega, coinciden con las recomendaciones formuladas por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que han insistido en fortalecer la administración tributaria, mejorar la eficiencia del gasto y avanzar en reformas estructurales para impulsar un crecimiento más inclusivo.
Las propuestas: revisar incentivos y orientar el gasto hacia el bienestar
Una vez identificado el problema, la economista insiste en que la racionalización debe comenzar por revisar la composición del gasto público y preguntarse quiénes son realmente los beneficiarios de los recursos del Estado.
“La discusión no debería centrarse exclusivamente en el gasto administrativo, sino en la asignación de recursos públicos que terminan favoreciendo intereses particulares por encima del interés general”, afirma.
En ese sentido, considera necesario revisar subsidios económicos, incentivos fiscales, exoneraciones tributarias, transferencias y otros mecanismos de apoyo estatal que benefician principalmente a sectores con elevada capacidad económica sin demostrar resultados verificables en materia de inversión, productividad, generación de empleo de calidad o reducción de las desigualdades.
Desde la economía pública, sostiene que toda intervención estatal debe justificarse por la existencia de fallas de mercado o por objetivos de desarrollo claramente definidos. Cuando ello no ocurre y los recursos públicos terminan capturados por grupos con mayor capacidad de influencia política, se generan ineficiencias en la asignación del gasto y una distribución regresiva de sus beneficios.
Asimismo, vincula este fenómeno con la estructura tributaria paraguaya, donde el impuesto al valor agregado (IVA) representa una parte importante de la recaudación, mientras que los impuestos sobre las ganancias y las rentas tienen menor incidencia, reduciendo el carácter redistributivo del sistema tributario.
Para la especialista, los recursos que hoy se destinan a gastos de baja rentabilidad social deberían orientarse hacia sectores con mayor impacto sobre el desarrollo del país.
“La racionalización del Estado implica precisamente revisar estos mecanismos y reorientar los recursos hacia inversiones con mayor rentabilidad social, como salud, educación, infraestructura, sistemas de cuidados, ciencia y tecnología y protección social”, sostiene.
Añade que Paraguay también tiene margen para generar ahorros sin afectar servicios esenciales como salud, educación o seguridad.
Ello, explica, sería posible mediante una revisión integral de la composición del gasto, incluyendo recursos destinados a subsidios de baja efectividad, así como salarios, dietas y gastos de representación de autoridades políticas, que podrían redireccionarse hacia sectores con mayores necesidades.
“La consolidación fiscal no debería construirse sobre el deterioro de los servicios públicos, sino sobre una reasignación del gasto hacia políticas con mayor rentabilidad social y capacidad para reducir desigualdades”, afirma.
La economista considera igualmente fundamental avanzar en la implementación del presupuesto por resultados, de manera que cada programa público pueda ser evaluado por el impacto que genera y no únicamente por el porcentaje de ejecución presupuestaria.
“La principal interrogante para todos los programas debe ser: ¿Quiénes se benefician realmente de los recursos públicos?”, cuestiona.
A su criterio, todas las políticas públicas deberían demostrar, mediante evidencia, que mejoran la calidad de vida de la población y cumplen los objetivos para los cuales fueron creadas.
Los efectos: una mejor calidad del gasto fortalecería las finanzas públicas
Rojas sostiene que una mayor eficiencia del gasto tendría efectos que van mucho más allá del ahorro fiscal. “El problema no es cuánto gasta el Estado, sino cómo y para quién gasta”, resume.
Explica que una mejor composición del presupuesto permitiría disminuir las presiones sobre el déficit fiscal y la deuda pública sin trasladar el costo del ajuste a la población, al tiempo que ampliaría el espacio fiscal para financiar infraestructura, salud, educación, sistemas de cuidados y políticas de desarrollo productivo.
Desde su perspectiva, la sostenibilidad fiscal no depende únicamente del equilibrio de las cuentas públicas, sino también de la capacidad del gasto para generar crecimiento económico, cohesión social y reducción de las desigualdades.
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Finalmente, la economista apunta a otro factor clave en el que el sector privado debe continuar desempeñando un protagonismo central en la inversión y la generación de empleo, aunque advierte que ello no puede traducirse en una transferencia permanente de recursos públicos hacia intereses empresariales sin beneficios comprobables para la sociedad.
“El desafío no consiste en sustituir al Estado por el mercado, sino en construir un Estado con mayor capacidad para regular, planificar y orientar los recursos públicos hacia el interés colectivo”, concluye.
“Paraguay presenta una de las presiones tributarias más bajas de América Latina, lo que limita la capacidad del Estado para financiar bienes públicos”.
