El Tribunal de Sentencia decidió iniciar este martes el juicio oral y público contra Bruno Marabel y la coprocesada María Araceli Sosa por el crimen de una familia, ocurrido hace casi dos años. El proceso se hizo de manera teletemática.
Este lunes, la fiscala Esmilda Álvarez planteó un pedido de suspensión del juicio oral porque todos sus asistentes estaban con cuarentena preventiva tras tener contacto con una persona positiva de Covid-19. En el grupo aislado también se encuentra la fiscala coadyuvante Estela Mary Cano.
Sin embargo, el Tribunal decidió que se realice de forma online por lo que la fiscala pidió 15 minutos de tiempo, ya que no contaba con la carpeta fiscal en su poder, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
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Una vez que se inició el juicio, la defensa pública de Bruno Marabel, conformada por Eduardo Velázquez y María de la Paz Martínez, pidió la nulidad absoluta de actuaciones.
Argumentaron que el allanamiento a la casa donde hallaron los cuerpos fue realizada sin orden judicial. La defensa alegó que el asistente fiscal fue el que ordenó que se rompieran los candados para entrar, cuando esta actuación solo se contempla como excepción en caso de que exista una flagrancia del hecho.
Justificaron que todas las pruebas recolectadas en el caso derivaron de dicho allanamiento ilegal y forman todo el expediente fiscal, así como la imputación, por lo que pidieron anular todo el proceso.
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Como segundo punto, piden la nulidad absoluta por la detención de Bruno Marabel, que se realizó sin orden de detención, y además por la declaraciones que dio el acusado cuando estuvo en la patrullera y en la comisaría y que fueron tomadas sin la presencia de un abogado.
Asimismo, pidieron incluir algunas pruebas y excluir otras, como lo referente a la exclusión, pues sostienen que los elementos probatorios que quedaron bajo custodia del Ministerio Público como un machete, cuchillo, simcard, entre otros, y que forman parte del expediente, no fueron presentados porque están extraviados.
Con respecto a la coprocesada María Araceli Sosa Díaz, investigada por omisión de dar aviso a un hecho punible, frustración a la persecución y ejecución penal y reducción, su defensa solicitó la nulidad de la acusación fiscal, ya que durante la acusación la Fiscalía quedó como depositaria de la evidencia y recién los presentó en el juicio.
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También objetan que la acusada no tuvo derecho a la declaración indagatoria. Si bien la indagaron en principio, fue cuando la misma fue imputada por homicidio doloso, pero el proceso ya no se volvió a realizar cuando se pidió la ampliación, con lo que Sosa no pudo dar su declaración sobre los hechos de que se la acusan.
Según los abogados, se realizó un “copy paste” de un primera declaración por homicidio, por lo que piden la nulidad y el sobreseimiento.
Versión de la Fiscalía
En su contestación, la fiscala Esmilda Álvarez pidió el rechazo del primer incidente diciendo que el día del allanamiento estaban cinco personas desaparecidas y un vehículo estacionado que no podía salir del lugar, además de un fuerte olor que despedía la vivienda, por lo que se presumió de la muerte de las personas, y a raíz de ello decidieron ingresar al lugar.
Sobre la declaración de Marabel a la Policía, la representante del Ministerio Público señaló que no fue presentada como una indagatoria sino como un informe policial. No obstante, dijo que ese informe fue la base de la investigación.
Se espera que el Tribunal conformado por Gloria Garay, Gloria Hermosa y Alba González se expida sobre el caso este miércoles.
El 8 de octubre de 2018 fueron encontrados los cinco cuerpos sin vida en el interior de una vivienda en Asunción, hoy conocida como la Casa del horror. Se trataba de los cuerpos de Dalma Rojas Rodas, de 23 años; su mamá, Elva Rodas; su padrastro, Julio Rojas Delvalle, y sus hijos, dos niños de 4 y 6 años.
