30 oct 2026

“Quiero que mi hijo vaya preso, ya no puedo hacer nada por él”

La desesperada historia de una madre que ya no sabe qué hacer ni cómo luchar contra la adicción de su hijo. “Es mi hijo, pero, lastimosamente, ya no podemos hacer nada por él; nos perjudica mucho”, lamenta.

32417315

Problema. Datos oficiales refieren que el consumo de drogas es un detonante de la inseguridad.

ILUSTRATIVO

“Quiero que mi hijo (de 27 años) vaya preso. Ya no puedo hacer nada por él. Yo trabajo para darle todo a mis hijos, y mi hijo NN sabe que él puede ir a casa cuando yo estoy ahí, porque yo le controlo lo que hace. Mi hijo NN es adicto a las drogas y la verdad que no quiero que esté en mi casa”.
Este es el triste relato que le hizo una madre a la jueza de Garantías, Alicia Pedrozo, cuando se realizó la audiencia de imposición de medidas cautelares en un caso de hurto, donde se llevó un aparato celular de unos G. 150.000, que luego entregó por 30.000, según la imputación fiscal.

“Tengo miedo de que le hagan algo en el barrio, ya que a los adictos les están agarrando por cuenta propia y si él sigue así eso le espera. Prefiero que esté en la cárcel y que ahí pueda recapacitar y tratar de mejorar”, aseguró la desesperada mujer a la magistrada.

La madre ya totalmente sobrepasada por la situación, refirió también: “Quedando libre va a seguir cometiendo hechos punibles más graves incluso, todo a consecuencia de que es un adicto a las drogas. Es mi hijo, pero, lastimosamente, ya no podemos hacer nada por él, y nos causa un perjuicio a mí y a mi familia y a los vecinos de la zona...”.

Este es un caso que casi a diario se repite en el Poder Judicial por la cantidad de adictos que finalmente son detenidos e imputados por robos menores, pero que causan perjuicio a los familiares, con lo que recurren a la Justicia como última esperanza para tratar de cambiarlos.

Lastimosamente, no existen muchos lugares para el tratamiento de los adictos, los que al final constituyen un peligro para su propia familia, a quienes dejan sin sus pertenencias, ya que las llevan a vender y así obtener más droga. Historia triste, pero repetida en el Poder Judicial.

UN APARATO CELULAR. En este caso concreto, la jueza Alicia Pedrozo finalmente decretó la prisión preventiva del adicto, imputado por la fiscala Claide Acosta, de la Unidad Barrial 1. El mismo presuntamente hurtó un celular de su propia madre, valuado en G. 150.000. La representante de la sociedad había solicitado el arresto domiciliario.

Según la imputación, el hombre habría ingresado a la vivienda de su madre, ubicada sobre la avenida Artigas de nuestra capital, supuestamente para realizarse un aseo personal. No obstante, de acuerdo con la fiscala, habría sustraído un teléfono celular marca Samsung, modelo A02, que se encontraba conectado a un cargador, mientras la madre estaba trabajando fuera de la casa.

Otro de los hijos de la mujer le llamó y le comunicó que su hija menor estaba llorando porque NN le sustrajo el teléfono. Por esa razón, acudió a su casa, para verlo, ya que padece de adicción a las drogas.

Antes de llegar a su casa, la mujer habló con un guardia privado, quien le comentó que su hijo le había ofrecido un celular que sería el que se sustrajo. Con esto, de inmediato comunicó el hecho a los agentes de la Comisaría 9ª metropolitana, quienes llegaron al lugar.

Tras la denuncia en la sede policial, apareció un hombre quien entregó el celular. Le dijo que el hijo de la denunciante le entregó el teléfono por una deuda de G. 30.000 que tenía con él, aunque no sabía que no le pertenecía.

En la audiencia, la defensora pública, Blanca Ramos, solicitó la aplicación de medidas menos gravosas a la prisión, porque la conducta que se le atribuía a su defendido no era muy compleja y no había un daño patrimonial. Incluso ofreció caución juratoria. Dijo que no había peligro de fuga ni de obstrucción de las investigaciones.

La jueza analizó la causa. Tuvo en cuenta el peligro de fuga y de obstrucción a las investigaciones. También tuvo en cuenta el pedido de la madre. Además, que el mismo tenía condenas anteriores, por lo que finalmente decretó la prisión preventiva.

“Por lo que, teniendo en cuenta todas estas circunstancias especiales registradas en la presente causa, resulta necesario e indispensable decretar la prisión preventiva”, sostuvo la magistrada.

Lastimosamente, se trata de otro caso donde una madre tuvo que acudir a la Justicia porque no puede hacer nada por su propio hijo.

Tengo miedo de que le hagan algo en el barrio... Prefiero que esté en la cárcel y que ahí pueda recapacitar y tratar de mejorar.
LA CIFRA <br/>90.000 jóvenes de Asunción y Central “están en las drogas”, según afirmación del ministro del Interior, Enrique Riera.

Más contenido de esta sección
En la mañana de este jueves debían declarar ante la fiscala Marlene González las funcionarias que dicen ser víctimas de la senadora Zenaida Delgado, dentro de un supuesto “esquema de peajes”, pero se pospuso al 3 de noviembre. Su abogada y la de la parlamentaria ya acordaron un acuerdo de que ambas partes no harán declaraciones sobre el ámbito privado.
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso de casación promovido por la defensa del ex diputado colorado Miguel Jorge Cuevas, con lo que confirmó la condena de 5 años de cárcel, más el comiso especial de sus bienes y el comiso sustitutivo a más de la inhabilitación para el ejercicio en la función pública.
El juez de Garantías de Cordillera Augusto Acuña Rojas decretó la prisión preventiva de Pablo Abel González Apuril, ex director de la Penitenciaría de Máxima Seguridad Martín Mendoza de Emboscada. Está imputado por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal, tras la fuga de dos personas privadas de libertad. Buscarán dónde cumplirá la medida.
La fiscala Yeimy Adle imputó por revelación de secretos de servicio al funcionario técnico judicial del Juzgado Penal de San Lorenzo, Ángel Hernán Aranda Navarro, por supuestamente brindar información sobre el estado procesal de una causa a un ex funcionaria judicial, quien fue detenida el pasado mes de mayo, durante una entrega vigilada, tras haber recibido dinero para beneficiar con el arresto domiciliario a un procesado.
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso de casación promovido por la defensa de Edwin López Cattebeke, con lo queda firme la condena de 2 años de cárcel que se había dado en un procedimiento abreviado en el caso de los detergentes de oro. Este, pese a haber dado su consentimiento, luego apeló el fallo.
El Tribunal de Sentencia que juzgará al exdiputado Tomás Fidelino Rivas Benítez fijó el juicio oral público para los días 18 al 25 de noviembre próximo, conforme resolvieron los magistrados. Esto, luego de que la Sala Penal de la Corte anulara la resolución que le sobreseyó por el caso conocido como los caseros de oro.