El caso de Fernando Báez Sosa cobró una enorme relevancia mediática en Argentina no solo por el actuar de los acusados, sino por la historia detrás del joven, quien es hijo único de dos paraguayos y había ido hasta la ciudad veraniega de Villa Gessel, provincia de Buenos Aires, a compartir con sus amigos y su novia en el 2018 sin mayores preocupaciones que divertirse, para luego volver a su ciudad y seguir estudiando.
Este lunes las miradas estarán enfocadas en los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, que debe deliberar sobre la culpabilidad o no de los ocho rugbistas acusados de matar a golpes a Fernando, a la salida de una discoteca de Villa Gesell.
El medio argentino La Nación recoge el perfil de los tres jueces que llevan la causa, entre ellos la magistrada María Claudia Castro, quien preside el tribunal y lleva 10 años de permanencia en la magistratura.
Lea más: Cardenal pide justicia por Fernando Báez Sosa y por víctimas de feminicidio en Paraguay
Castro fue parte del equipo de fiscales que, en la misma sala de audiencias, llevó adelante la acusación contra los asesinos del reportero gráfico José Luis Cabezas, un caso que se volvió también muy mediático en el vecino país.
“La presidenta del tribunal que juzga a los acusados del homicidio de Báez Sosa integra la comisión directiva de la Red de Jueces Penales bonaerenses, capacitadora de otros funcionarios judiciales en la Suprema Corte de Justicia y profesora universitaria. Desarrolló toda su carrera en el Departamento Judicial Dolores”, detalla el medio.
Asimismo, menciona que en el 2018 la jueza integró otro tribunal en la causa que terminó con veredicto condenatorio contra el ex intendente de Pinamar, Roberto Porreti, quien 10 años antes había sido destituido por denuncias de corrupción.
“Se consideró entonces probado el intento de pedido de pagos ilegales del entonces jefe comunal a los dueños de un boliche y eso llevó a la pena de dos años y medio de prisión. En ese caso, la jueza Castro compartió el debate de la sentencia con Emiliano Lazzari, otro de los miembros del tribunal que juzga a los hasta ahora presuntos asesinos de Báez Sosa”, explica La Nación de Argentina.
Le puede interesar: Fernando Báez: El pedido de Justicia que une a dos países, a la espera de una sentencia
Lazzari también se desempeña como juez Correccional de Dolores y antes había cumplido funciones como secretario en el juzgado de Ejecución Penal 1 de Quilmes. Como juez del Tribunal Oral 1 de Dolores, Lazzari estuvo a cargo del primer juicio por jurados realizado en el mencionado departamento judicial.
Como juez Correccional, Lazzari condenó a un motociclista de General Belgrano a seis meses de prisión en suspenso por hacer piruetas.
En la sentencia del juicio abreviado, el magistrado sostuvo que la figura penal que correspondía aplicar al acusado era la de un delito contra la seguridad pública, debido que había realizado dicha prueba de destreza a pocos metros de una familia que abordaba su automóvil.
“Un fallo de esas características marcaría que no le tiembla el pulso a la hora de aplicar el Código Penal y su escala de penas”, resalta el diario argentino.
Le puede interesar: ¿Cómo es la prisión perpetua que piden para los rugbiers en Argentina?
En cuanto al tercer integrante del tribunal, Christian Rabaia, el magistrado asumió el cargo en 2019. Anteriormente se había desempeñado en la Fiscalía a cargo de Gabriela García Cuerva, que tuvo a su cargo el juicio oral que terminó con la condena del asesino de un joven con discapacidades, ocurrido en 2008.
Desde que asumió como juez del Tribunal Oral 1, Rabaia intervino en juicios que terminaron con las condenas a un estafador que se hacía pasar por funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones para extorsionar a los dueños orientales de supermercados del Municipio de la Costa y contra un vecino de Santa Teresita, que distribuía videos de menores que eran víctimas de abusos sexuales.
Los fiscales, familiares, famosos y ciudadanos piden la prisión perpetua para los ocho acusados por el asesinato del joven, quien tenía 18 años al momento del ataque que le quitó la vida.
