Entre las denuncias, el Círculo Paraguayo de Médicos afirma que el Ministerio de Salud Pública incumple normas esenciales al “no convocar al Consejo Nacional de Salud creado por la Ley 1032/96, pese a la obligación legal de reunirse cada dos meses, manipula el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress)”.
Además, mantiene una “Superintendencia capturada con un interino que registra” supuestamente “antecedentes de fraude documental y bloquea la descentralización administrativa ordenada por ley desde 2018 para hospitales como el Hospital Nacional, el Hospital San Jorge y Emergencias Médicas”, dice el comunicado.
Ante este panorama, el Círculo Paraguayo de Médicos dirige un pedido al presidente de la República, solicitando dos medidas urgentes.
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La primera es la creación por decreto de una comisión nacional de crisis en salud pública, integrada por técnicos, ciudadanos, profesionales, administradores, juristas y auditores, que supervise “todas las donaciones, insumos, equipamientos, recursos extraordinarios y procesos de adquisición destinados a la salud pública”, con el objetivo de garantizar transparencia y trazabilidad.
La segunda medida propuesta es encomendar a esa misma comisión el acompañamiento de una auditoría técnica y financiera integral, orientada a revisar “las nuevas construcciones hospitalarias como las tercerizaciones realizadas desde el año 2023” para determinar si existieron “desvíos, sobrefacturaciones, irregularidades operativas o una privatización encubierta de servicios esenciales financiados con recursos públicos”.
El gremio clama al Poder Ejecutivo adoptar acciones inmediatas que permitan frenar el deterioro del sistema sanitario nacional.
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Denuncia contra el Ministerio de Salud
El Círculo de Médicos sostiene que este patrón de actuación no es casual, sino parte de una estrategia que busca “neutralizar mecanismos de control, proteger redes de irregularidades y asegurar una administración opaca, donde ninguna decisión es auditada”.
En ese contexto, advierte que el Ministerio puede “gastar más de 20 millones de dólares sin rendición de cuentas, eludir controles sobre compras e inaugurar hospitales sin servicios esenciales, ocultando si ello se debe a falta de recursos o a la intención de favorecer servicios tercerizados privados”.
“Las consecuencias son directas y graves. El país enfrenta desabastecimiento crónico, hospitales sin capacidad operativa, costos inflados, mantenimiento abandonado y una expansión creciente de tercerizaciones”, según el comunicado.
La falta de funcionamiento de los órganos colegiados también genera improvisación y profundiza lo que el gremio describe como “la peor crisis de la historia reciente: una crisis de legalidad y de conducción institucional que está destruyendo la capacidad del sistema de salud pública”.