Ubicada a orillas del río Taquari, entre campos de soja y bosques de eucalipto, la ciudad tiene barrios enteros que fueron arrasados y a los que sus habitantes no podrán regresar.
La mayoría de los 12.000 desplazados se ha ido a casas de familiares, pero alrededor de 800 vecinos conviven como pueden en refugios públicos improvisados en seis gimnasios, una escuela y a la intemperie en la plaza principal.
“¿Hasta cuándo estaremos aquí?”, preguntan los desplazados a unos funcionarios municipales que solo saben que no será pronto.
El alcalde Danilo José Bruxel, un hombre alto que mantiene la voz sosegada pese al desastre, dice a EFE que es una situación “caótica” y que no ve “una luz” aún. La solución es construir, asegura, pero es consciente de que eso “no es inmediato”.
El estado de Río Grande do Sul, con una población de 11,2 millones de habitantes, tiene cerca de 400.000 desplazados en la peor catástrofe natural de su historia.
En uno de los gimnasios, con 70 evacuados, Sueli Ignoatto, una mujer bajita de 64 años, se ha acomodado en el centro de la cancha de básquet con lo que salvó de la crecida: un par de colchones, una nevera estropeada, y un fogón donde hierve el agua para el mate, costumbre que ni una tragedia como esta puede interrumpir.
“Dicen que vamos a estar aquí uno o dos años… Yo no voy a aguantar”, asegura a EFE, sentada junto a sus tres perros.
Es la tercera vez que tiene que dejar su casa. En septiembre y noviembre, las anteriores crecidas, se fue un mes pero acabó volviendo después de pintar y barnizar. En la de la semana pasada, el río derrumbó su casa.
Desastre tras desastre. Esta secuencia tan rápida de desastres ha dejado al Ayuntamiento sin aliento para hacer frente a tantas necesidades.
Cuando golpeó la última inundación, el municipio acababa de conseguir 55 millones de reales (unos 10 millones de dólares) para construir 294 viviendas sociales para los afectados por los destrozos del año pasado.
Por si fuera poco, las casas que el Ayuntamiento alquilaba a un centenar de ellos se inundaron la semana pasada y tuvieron que ser desalojadas.
“Ahora aumentó aún más nuestro déficit de vivienda; damos un paso al frente y dos para atrás”, asegura Bruxel en su despacho, minutos después de haber sido abordado en la calle por un vecino descontento con el lugar donde está abrigado con su familia.
Sin cifras concretas todavía, el Gobierno federal prevé lanzar líneas de créditos y construir nuevas viviendas en Rio Grande do Sul, donde la Confederación Nacional de Municipios calcula que unas 85.000 casas han sido dañadas.
Mientras tanto, los desplazados de Arroio do Meio tienen que lidiar con las incomodidades del gimnasio y con las fricciones que nacen cuando lo único que separa a las familias es un sabana.
A Ignoatto le molestan muchas cosas: la falta de privacidad, las personas que beben cerveza hasta tarde y no dejan dormir a los demás, y sobre todo el mal olor que llega de los aseos cuando no hay agua.
“Hubiera preferido perder cualquier cosa menos la casa”, zanja.
