Londres continuará cumpliendo las regulaciones de la UE y contribuyendo al presupuesto comunitario durante los próximos 11 meses, un periodo de transición durante el cual debe forjar una nueva relación tanto con el bloque comunitario como con el resto del mundo.
Desde este sábado ya no habrá eurodiputados británicos en el Parlamento Europeo, ni asiento para el jefe de Gobierno del Reino Unido, el conservador Boris Johnson, en las reuniones de líderes. Los británicos abandonarán asimismo las agencias técnicas y las magistraturas reservadas para ellos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En clave nacional, Johnson abolirá el Ministerio del Brexit, un gesto con el que quiere recalcar que ha cumplido su objetivo de materializar la salida de la UE, aunque las complejas negociaciones con Bruselas sobre la futura relación bilateral todavía están por comenzar —previsiblemente a principios de marzo—.
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De ese diálogo depende el incierto escenario que se abrirá el 1 de enero de 2021, la fecha en la que el Reino Unido comenzará a ejercer realmente como un país independiente de la UE.
Hasta entonces, las cuatro libertades de circulación del mercado único —de mercancías, personas, servicios y capitales— seguirán vigentes en suelo británico.
Cambios para los europeos en el Reino Unido
Los cerca de 3,8 millones de europeos que residen en el Reino Unido, así como aquellos que lleguen al país durante este año, pueden solicitar el estatus de “asentado” o “preasentado”, que protegerá tras el brexit sus derechos adquiridos.
A partir de 2021, cuando termine la libre circulación de personas entre el Reino Unido y la UE, los comunitarios que quieran viajar o residir en el país deberán cumplir las normas migratorias que establezca el Gobierno británico.
El Gobierno aún no ha hecho públicos los detalles de su futura ley de inmigración, aunque el informe de un comité asesor en materia migratoria ofrece pistas sobre sus posibles planes.
Ese documento prevé dos vías para solicitar el permiso de residencia en el Reino Unido. Aquellos que lleguen con una oferta de trabajo deberían tener asegurado un salario mínimo —actualmente los extracomunitarios necesitan cobrar más de 30.000 libras anuales (35.400 euros) para obtener el visado—.
Quienes tengan intención de viajar al Reino Unido para buscar trabajo, en cambio, deberían someterse a un sistema de puntos similar al de Australia, la legislación que sirve de referencia a Johnson.
Bajo ese régimen, los inmigrantes deben superar un umbral determinado de puntos, que se otorgan en función de criterios como nivel educativo, nivel de renta, dominio del idioma, edad y otros factores.
Cambios para los británicos en la UE
Los cerca de 1,3 británicos que viven en otros países de la UE tampoco percibirán grandes cambios hasta el próximo diciembre.
Una de las pocas transformaciones tangibles para ellos será que el Gobierno recuperará este año el color azul de los pasaportes británicos, en lugar del burdeos de la UE, una medida meramente simbólica, pero muy celebrada por los partidarios del brexit.
Los 27 socios de la Unión se han comprometido a mantener los derechos adquiridos de los británicos que ya viven en esos países tras el brexit, si bien cada Estado debe regular de forma independiente su nuevo estatus legal.
Esos arreglos nacionales complicarán que los británicos residentes en un país comunitario puedan cambiar su residencia de forma automática a otro, por ejemplo entre Francia y Alemania.
Los jubilados británicos que ya están retirados en países de la UE tienen asegurada una pensión actualizada de por vida. Sin embargo, la retribución de aquellos que lleguen a su país de destino después de diciembre de 2020 dependerá de los arreglos a los que llegue el Reino Unido con los respectivos Estados.
Cambios para las empresas
Las importaciones y exportaciones de mercancías a través del canal de la Mancha, así como el acceso recíproco de las firmas de servicios, continuarán sin fricciones al menos durante los próximos once meses.
Londres quiere pactar con Bruselas un acuerdo de libre comercio que asegure los intercambios sin aranceles a partir del 1 de enero de 2021, pero al mismo tiempo mantiene su intención de divergir paulatinamente de las regulaciones de la UE, lo que puede envenenar las negociaciones.
La UE ha advertido de que es “imposible” alcanzar un acuerdo comercial completo en el plazo previsto, pero el primer ministro británico ha recalcado que no tiene intención de solicitar una prórroga.
El objetivo de Johnson de comerciar con cero tarifas pero divergiendo de la normativa comunitaria implica que podrían establecerse nuevos trámites y controles en las aduanas, lo que podría perjudicar especialmente a las empresas que mantienen cadenas de producción a ambos lados del canal de la Mancha.
En el sector financiero, Bruselas debe estudiar si acepta un régimen de equivalencia para que los bancos, las aseguradoras y el resto de firmas de la City de Londres puedan continuar accediendo a sus clientes continentales.
En la negociación con la UE, el Reino Unido tratará de hacer valer el preciado acceso a sus aguas pesqueras y a su mercado laboral como palanca para favorecer sus intereses.
