El diputado independiente Raúl Benítez presentó ante la Cámara Baja un proyecto de declaración para repudiar el “deficiente” trámite investigativo fiscal y la posterior desestimación de la causa penal conocida como pupitres de oro, adquiridos por Itaipú Binacional. Cabe mencionar que entre los principales investigados, de lo que la oposición considera un negociado, está el director general de la margen paraguaya de la entidad, Justo Zacarías Irún.
El opositor hizo el pedido, pero no se llegó a tratar por falta de cuórum. La idea del diputado era presentar el proyecto en el estadio de sobre tablas.
El repudio a la actuación fiscal, según el artículo 1 del proyecto, es “por considerar que se omitieron diligencias periciales y requerimientos técnicos claves para corroborar la razonabilidad de los precios pagados y si existió un direccionamiento en la licitación”.
En el articulado del proyecto se fundamenta el propósito que consiste en “reafirmar los principios constitucionales de libre concurrencia, transparencia e interés general sobre el uso y la fiscalización de los fondos públicos asignados a la educación paraguaya”.
El diputado dijo que la finalidad ante la discusión de la causa de los pupitres no implica señalar directamente una “actuación irregular” del Ministerio Público, sino hacerse la pregunta acerca de si “fueron agotadas todas las diligencias razonablemente necesarias para esclarecer los hechos”.
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Además, considera relevante para causas como esta que “involucran el uso de recursos públicos sean investigadas con la mayor rigurosidad posible y a que las decisiones de archivo o desestimación se encuentren sustentadas en elementos objetivos, suficientes y verificables”.
Fiscalía da por cerrado
A pedido de la Fiscalía, el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia desestimó la denuncia contra el actual director de la Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún, por el caso de los pupitres chinos valuados en USD 32 millones.
La denuncia había sido presentada por varios legisladores, quienes hablaron de supuesta lesión de confianza por la compra de estos mobiliarios para las escuelas. Se cuestionó el presunto direccionamiento y sobrefacturación, afectando a la industria maderera nacional.
En el caso, se adquirieron más de 410.000 conjuntos de mesas y sillas escolares a la firma Kamamya SA por un valor superior a los USD 32 millones, conforme con las investigaciones.
Sin embargo, tras la pesquisa, los fiscales anticorrupción Luis Piñánez García, Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres solicitaron desestimar la denuncia.
