El proyecto de reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público, más conocido como la Caja Fiscal, presentado días pasados al Congreso por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sigue generando posturas en contra.
Diego Fretes, comisario retirado de la Policía Nacional, señaló que los gremios de policías y militares se encuentran preocupados por la propuesta, especialmente en lo que respecta a la edad mínima para el retiro de los agentes. Además, sostuvo que se podrían perder los derechos adquiridos, como la equiparación del salario entre activos y retirados, las pensiones que reciben los herederos y viudas e incluso “la doctrina”.
También perderían la jubilación con el 100% del último salario.
“Estamos preocupados porque muchas leyes van a ser derogadas. La Ley 4493/11 tiene una modificación con la 4670/12, que habla de la equiparación. Las disposiciones transitorias de la ley que presentó ahora el ministro al presidente de la Comisión Permanente del Senado plantean que todo quedará derogado. Así que esta propuesta va a terminar afectando a todos. (...). Al derogar la Ley 4493/11, los derechos adquiridos se pierden. Se pierde la doctrina, porque quieren que sean simples funcionarios”, advirtió.
En ese sentido, cuestionó que el MEF, a cargo de Carlos Fernández Valdovinos, haya tomado parámetros similares tanto para agentes de seguridad como para los demás trabajadores públicos.
“Nos quiere meter a todos en una misma bolsa. Les quieren comparar a los activos con cualquier otro funcionario, pero nosotros somos especiales, porque es una institución obediente y no deliberante. Yo no sé qué estará pensando el ministro de Economía. Tiene que haber una diferenciación con los otros porque cumplimos órdenes, portamos armas, estamos para custodiar. No tenemos viáticos, no tenemos horas extras. Imaginate que un anciano de 60 años esté por la calle custodiando. Hay una desproporcionalidad de edad muy grande. Si tenés 57 años y tenés solamente 30 años de aporte, tenés que ir hasta los 62 años, y encima nunca se va a cobrar más el 100%”, dijo.
Cuestionó también que Fernández Valdovinos haya afirmado que la propuesta fue socializada previamente con los diversos sectores, cuando no todos fueron convocados.
“No sé quién le asesoró al ministro, dijo que se socializó, pero se llamó solo a los activos, pero todos saben que ellos no pueden ni pronunciarse. (...). Yo creo que él tiene una animadversión hacia las fuerzas públicas”, manifestó.
Finalmente, anticipó que buscarán reunirse con el senador Colym Soroka, titular de la Comisión Permanente, a fin de conversar y, posteriormente, definir acciones.
COMUNICADO. Por su parte, la Coordinadora de la Fuerza Pública emitió ayer un comunicado en el cual informó que inició un estudio de la propuesta. Instó a sus integrantes a mantener la calma mientras dure el análisis, asegurando que se buscará salvaguardar los derechos de los afectados. “Una vez concluido el estudio que será en la brevedad de tiempo, se comunicará a todos/as las medidas a tomar. (…). Instamos a que estén tranquilos/as, que vamos a agotar todas las instancias necesarias en defensa de nuestros derechos legales”, afirma parte del texto.
Para los docentes, propuesta no asegura sostenibilidad del sistema
Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-A), señaló que entre los docentes también se generó preocupación ante el proyecto. Advirtió que el sector sería uno de los más golpeados por los cambios planteados y que implicaría un mayor descuento salarial para los educadores, incluso llegando a un cuarto del salario. Afirmó que la reforma no garantizaría sostenibilidad o no sería sostenible en el tiempo, por lo que se deberían buscar nuevas alternativas. El representante gremial también señaló que el debate debe incluir mecanismos que permitan fortalecer la seguridad social del país, pero sin afectar de manera desproporcionada a los trabajadores civiles.
“Una primera posición es la de rechazo. Coincidimos en que hay que reformar, pero no con ese planteamiento. Primero hay una tremenda discriminación y, segundo, se pretende cambiar sobre la espalda de los trabajadores del Estado en general y, sobre todo, sobre tres o cuatro sectores, y eso no sería sostenible en el tiempo”, expresó en entrevista con Monumental 1080 AM.
