El Ministerio Público le atribuye un perjuicio económico al intendente Miguel Prieto por la compra irregular de 25.000 kits de alimentos a través de una licitación por la vía de la excepción entre el 20 y 27 de marzo de 2020, en periodo de pandemia.
El último martes fue imputado por lesión de confianza él y otras 10 personas más.
El fiscal Silvio Corbeta explicó en entrevista con radio Monumental 1080 AM este miércoles que el caso del que derivó la imputación consistió en una compra por el valor de aproximadamente G. 3.000 millones.
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Mencionó que un informe del Departamento de Investigación Tributaria de la Subsecretaría del Estado de Tributación (SET) detectó inconsistencias en la trazabilidad de la compra de mercaderías de la empresa Tía Chela SRL, que proveyó los kits de alimentos a la Municipalidad de Ciudad del Este.
A partir de esta situación aparece la empresa Vanemi SA, que pertenece a una mujer que estaría vinculada a Prieto, de nombre Emilia Vanessa Florentín Páez, y que también está imputada en la misma causa que el intendente.
“Esta empresa le proveyó los kits (a tía Chela SRL), que serían entregados a la Municipalidad. Además, otras personas y otras firmas que componen (Vanemi SA), son contribuyentes que no serían reales, sino ficticios”, resaltó el agente fiscal.
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Incluso, la investigación asegura que Tía Chela SRL no cuenta con el stock de mercaderías ofertadas en el llamado que hizo el Municipio del Este y que no cumplió con lo pactado en el contrato para la entrega de los kits.
Según los documentos oficiales que alega el Ministerio Público, el contrato estipuló dos tandas de entregas, de 15.000 y 10.000 kits. Pero solo se pagó por la primera tanda y sin embargo se entregó la segunda partida, pero no se cerró con el pago de aproximadamente G. 3.000 millones.
Además, con base en las publicaciones de Prieto en las redes sociales, señala que el jefe comunal ya estaba repartiendo víveres antes de iniciar el pago. Apuntó que había fotos de distribuciones desde el 25 de marzo de 2020.
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Otro punto de la investigación se refiere a los beneficiarios y alega que una sola persona se hacía cargo de llenar la planilla, y que supuestamente los beneficios recibieron personas que pertenecían a otras localidades lejanas a Ciudad del Este.
Corbeta aseguró que la Fiscalía también cuenta con informes de la Contraloría General de la República que sostienen que hubo irregularidades e inconsistencias durante el proceso de este llamado.
El equipo de fiscales que investigan la causa también está integrado por Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia, quienes solicitaron el arresto domiciliario del intendente de Ciudad del Este.
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Por el caso están imputados por lesión de confianza Miguel Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad.
Con el mismo cargo, pero calidad de coautores, también se imputó a Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Himinio Ramón Acuña, Cirle Alizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez.
Fermín Ávalos Britos se presenta como el propietario de la empresa adjudicada Tía Chela SRL.
