Mediante el amparo judicial presentado el pasado 27 de junio, el senador Daniel Rojas, por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presentó un amparo con la finalidad de que se ordene la suspensión del llamado de referencia.
Al mismo tiempo, el legislador solicitó que se dé noticia de esta acción al procurador general de la República, “como encargado de proteger los intereses patrimoniales del Estado”.
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El documento hace referencia a que el senador Rojas “descubrió a través de publicaciones periodísticas” que el Ministerio del Interior —pese a la existencia de un contrato de las mismas características— busca implementar un sistema informático para el Departamento de Identificaciones.
Asimismo, el legislador señaló que esta insistencia se da “a pesar de que dicha institución, desde el año 2014, cuenta con un software que le permite brindar el mismo tipo de servicio”.
El amparo constitucional hace referencia a que en atención a las presuntas irregularidades detectadas, el Congreso Nacional pidió al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional informes sobre el llamado de referencia.
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El senador Daniel Rojas ya había realizado una denuncia penal ante el Ministerio Público por presunta comisión de estafa, lesión de confianza y peculado por celebración indebida de negocios jurídicos e intervención ilegítima en las contrataciones públicas.
En el mismo sentido, promovió denuncia ante la Contraloría General de la República y solicitó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se ordene la suspensión del llamado.
Según la denuncia presentada, existen evidencias de que el llamado ha sido direccionado a una empresa específica a la cual el jefe del Departamento de Identificaciones, en el año 2017, antes de la apertura del llamado, ya había viajado a Francia y fue recibido en el local de la empresa que fue adjudicada.
Asimismo se recuerda que el jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo, en el año 2017, a sabiendas de que la Policía Nacional contaba con un software que permitía la emisión de documentos electrónicos, sugirió rescindir dicho contrato.
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El supuesto direccionamiento del Pliego de Bases y Condiciones (PBC); la adjudicación, pese a contar con un dictamen negativo de la Contraloría; el pago de anticipo sin un presupuesto garantizado; el uso de recursos del Fonacide, y el incumplimiento de los plazos por parte del contratista son algunos de los puntos señalados por el legislador en su denuncia.
Sobre las denuncias, el ministro del Interior, Federico González, había asegurado en conversación con ÚH que se siguieron todos los procedimientos y trámites legales para seguir con el cuestionado contrato. Asimismo había asegurado que existían “intereses de gente que no quiere que esto salga”.
