La magistrada Livia Alarcón dijo a los medios que “se ha determinado la medida excepcional de detención preventiva” contra 10 de los 12 primeros detenidos por el caso Marset, mientras que a dos mujeres se les dieron medidas sustitutivas por tener a su cuidado a menores de edad.
Luego de la audiencia que se instaló el martes en la tarde y que duró alrededor de nueve horas, Alarcón señaló que estas personas están procesadas por los delitos de “robo agravado, organización criminal y asociación delictuosa”, entre otros.
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Medios locales informaron que entre quienes deben cumplir detención preventiva están dos futbolistas y que uno de ellos fue jugador de la selección de Bolivia.
Los 12 acusados fueron arrestados por la Policía en los operativos del fin de semana en la ciudad oriental de Santa Cruz, después del secuestro de un uniformado a manos presuntamente de la organización liderada por el uruguayo y que luego lo dejó en libertad.
En esas acciones participaron alrededor de 2.850 policías, se confiscaron al menos 17 fusiles, 1.915 municiones, cargadores de armas y más de una treintena de vehículos, objetos que están bajo supervisión de la Fiscalía, explicó la juez.
En una rueda de prensa en la víspera, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, informó que durante los operativos para capturar al uruguayo Marset se arrestó a 17 personas.
Entre ellos hay funcionarios del Servicio General de Identificación Personal (Segip) y de una oficina de registro civil implicados en la emisión de documentos de identidad “fraguados” entre 2018 y 2019 para el hombre, incluidos un certificado de nacimiento y una cédula bolivianos con los que tramitó un pasaporte con esa nacionalidad.
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Además el ministro explicó que se investiga a unas 35 personas que tuvieron distintos grados de relación en el caso, por lo que adelantó que en las siguientes horas habrá más detenciones.
Marset, que vivía en Bolivia con su esposa e hijos, es requerido por la Justicia en Uruguay, Brasil y Paraguay, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), y tiene órdenes de captura de la Europol e Interpol.
Incluso, el hombre llegó a crear y jugar en un equipo de segunda división del país con un nombre falso.
Las investigaciones establecieron que Marset ingresó a Bolivia por primera vez en 2018 y que obtuvo distintos documentos y residencia bajo las nacionalidades uruguaya y boliviana en 2019.
El uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y se le relaciona con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en mayo de 2022, en Colombia.
Este caso provocó varias críticas hacia el Gobierno del presidente Luis Arce y algunas instituciones estatales porque el hombre estuvo viviendo durante varios meses en Bolivia sin que las autoridades detectaran nada extraño.
Fuente: EFE
