Según el abogado Guillermo Ferreiro, para la imputación contra su defendido se usó un documento en el cual consta que una beneficiaria de los kits de alimentos supuestamente vivía en el Departamento de Itapúa, pero tras una investigación interna, ellos encontraron a la mujer y se tiene un certificado de que habita en CDE. “Fuimos a buscar a Liza y vive (siempre vivió) en CDE. Fue a la Comisaría y obtuvo este certificado de vida y residencia. Una vez más se demuestra que los únicos que han cometido hechos punibles son los fiscales”, resaltó Ferreiro.
El abogado dijo que de los 55.000 beneficiarios, “solo encontraron a una que vivía otro lado”. Según el profesional, esta es solo una de las dos inconsistencias que encontraron en la imputación.
Anunció que la denuncia será por producción y uso de documentos públicos de contenido falso y persecución de inocentes.
