El abogado Édgar Giménez, jefe del Departamento Penal de la Dirección Jurídica del IPS, señaló que ante el pedido de desestimación de la causa contra el ex titular de la previsional tomarán las medidas judiciales correspondientes una vez que se resuelva si se acepta o no la desestimación.
“Ahora está en manos del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos. El juez debe determinar si es procedente, y devolver a la Fiscalía en caso de que se crea que él no está bien argumentado para que ellos se expidan nuevamente. Y si ellos se ratifican, ahí nosotros, IPS en virtud del Código Procesal Penal, tenemos la potestad de oponernos a ese pedido en calidad de víctima. Esos serían los siguientes pasos, entonces, para que esto no quede así. Sería en el fuero penal”.
El abogado señaló que en la causa estaban pendientes algunas diligencias y que sorprendió a la previsional la solicitud de desestimar. “Esta causa estaba pendiente de varias diligencias. Nosotros estuvimos colaborando con el Ministerio Público en toda la investigación. Todos los oficios que ellos nos remitieron para enviar documentación fueron contestados en tiempo y forma. Se hicieron varias entrevistas con los fiscales para colaborar con la investigación y entonces la semana pasada nos sorprendió que se haya solicitado ahora el pedido de desestimación de esta causa. Teniendo en cuenta que existen todavía varias diligencias por cumplir y también está pendiente una auditoría interna y también externa por parte nuestra”.
INVESTIGACIÓN. Con relación al pedido añadió: “Nosotros creemos que faltan diligencias importantes que agregar a la carpeta fiscal, que podrían ser conducentes ya a una conclusión o determinar si hay responsables y eventualmente imputados. Yo creo que, como el doctor (José) González (director jurídico) también ya vino manifestando en los medios de prensa, fue una medida apresurada de la Fiscalía”.
CASO. Mediante una auditoría al ejercicio fiscal 2022 y primer cuatrimestre del 2023, la Contraloría General de la República detectó un supuesto desfalco de G. 1 billón en el IPS.
Incluso, en la denuncia se dejó en evidencia que no se detectaron documentos de rendición de cuentas del consumo de combustible para los generadores por la suma de G. 705 millones. También, se detectó que el consumo de combustible superó el promedio por cada 100 kilómetro, por un valor de G. 947 millones.
Además, en la denuncia se detalló que se identificó que 9.355 bienes del ente, como equipos de salud, laboratorio e informática, están catalogados como faltantes y que totalizan la suma de G. 42.915 millones, este y otras presuntas irregularidades están bajo la lupa.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de la entonces senadora Kattya González (PEN), el diputado Raúl Benítez y el doctor Jorge Brítez, durante su desempeño como presidente del Consejo de Administración del IPS –ahora titular de la previsional–. Mientras, desde el IPS, aguardarán una resolución del caso para tomar las medidas.
