El proyecto nació de la preocupación de los últimos acontecimientos en las cárceles, “con posible complicidad de funcionarios administrativos”. Esto aumenta la emergencia ante la necesidad de adecuar la infraestructura y el régimen para recluir a personas que requieran alto nivel de seguridad diferenciado.
Esto se pretende implementar “en los módulos, secciones o establecimientos penitenciarios que tengan la categoría de máxima seguridad, lo que será determinado por el Ministerio de Justicia”.
Las personas privadas de su libertad serían “clasificadas de alto, medio o bajo riesgo”, según factores de riesgo que deberían ser verificados por el Organismo Técnico Criminológico. “Únicamente las clasificadas de alto riesgo o que demanden alta seguridad podrán ser sometidas a un régimen cerrado especial”, dice el proyecto.
En cuanto a la vigilancia, prevén que sea realizada por agentes penitenciarios “especialmente entrenados para dicho régimen” y plantear usar medios físicos y electrónicos para una observación permanente al interno.
Los reos tendrían restricciones para su movimiento ambulatorio y deberán permanecer 22 horas en sus celdas y se evitarían “todo tipo de contacto entre internos”.
Además, plantean que el acceso a materiales escritos sea restringido y que solo puedan tener materiales de lectura “previamente autorizados”.
Incluso, las visitas serían de “no contacto” y tendrían prohibido poseer aparatos electrónicos y usarían uniformes.
