El proyecto que regula la emisión de ruidos busca controlar y dar una respuesta efectiva a la emisión de sonidos que afectan al bienestar y causan problemas en la convivencia social y en la salud de las personas.
El documento fue aprobado en general en la Cámara de Senadores; no obstante, sufrió algunas modificaciones de forma, por lo que vuelve a consideración de la Cámara de Diputados.
La senadora del Partido Patria Querida (PPQ) Georgia Arrúa mencionó que la ley vigente no prevé un proceso claro de actuaciones de las autoridades ni de respuestas efectivas y que lo que busca el proyecto es crear dichos elementos.
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El proyecto establece que la Comandancia de la Policía Nacional deberá proveer instrumentos de medición de decibeles a cada comisaría del territorio nacional. También se dispone que los instrumentos de medición de ruido deberán estar calibrados por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
La normativa señala que queda prohibido emitir sonidos al ambiente por encima de los niveles establecidos en las normas técnicas legales o reglamentarias vigentes en la Ley 1100/97, De Prevención de la Polución Sonora. El volumen máximo permitido es de 45 decibeles para las zonas públicas.
Entre las prohibiciones citadas, que complementan a la ley vigente, indica la de emitir sonidos al ambiente cuyo origen sea de establecimientos de cualquier índole, maquinarias, motores y herramientas. Así como actividades sociales o domiciliarias, actividades publicitarias y vehículos de cualquier tipo.
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Además, el proyecto contempla como transgresiones la emisión de ruidos en locales comerciales, establecimientos, recintos privados o domicilio particulares y le emisión de ruidos por parte de vehículos.
Cabe mencionar que la Ley de Prevención de la Polución Sonora contempla sanciones con multas, establecidas por ordenanzas municipales, para quienes infrinjan dicha reglamentación.
No obstante, de darse la promulgación de la nueva normativa, en caso de comprobarse la comisión de hecho punible, la Policía Nacional procederá a la incautación de los equipos, vehículos o maquinarias, según el caso.
