Los sindicatos de funcionarios públicos salieron este lunes a manifestarse en contra del tope de los beneficios que fue resuelto por el Ministerio de Hacienda en la reglamentación del Presupuesto 2020. Entre ellos, defienden el pago por presentismo.
El dirigente sindical Bernardo Rojas señaló que el presentismo “es una conquista, no de ahora, sino de hace 50 años, que el trabajador tiene. No solamente en el sector público, en el sector privado también”.
Rojas cuestionó que el presentismo, el subsidio familiar, la ayuda vacacional, ayuda alimenticia por hijo, pago por casamiento o nacimiento de hijo y otros se limitaran de “forma inconsulta, prepotente e unilateral”.
“Nosotros decimos que el contrato colectivo es una ley que tiene rango constitucional, que es norma internacional porque figura en el convenio 86 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado y ratificado por Paraguay y también en el Código Laboral; no se puede violentar eso”, argumentó.
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Calificó la intención del Gobierno como una violación al contrato colectivo y un atropello “grosero a la conquista de los trabajadores”, informó NPY.
El presentismo laboral se establece a beneficio del trabajador que no tiene faltas injustificadas, como motivación a presentarse en su puesto laboral.
El presidente de la CUT-A dijo que el actual Gobierno debería preocuparse por el cobro de impuestos a sectores de la soja, ganadería o el pago de la deuda que tiene con el Instituto de Previsión Social, cuestiones que afectan también a la ciudadanía.
“Por qué el Gobierno no les cobra impuesto a los sojeros, ganaderos, a los banqueros. Por qué se les deja que se utilice gratis la riqueza de la tierra, el agua y la energía eléctrica. No pagan impuesto y no generan trabajo y a esos no se les dice nada”, criticó.
Cerca de 35 sindicatos marcharon desde la Plaza Uruguaya con dirección al Ministerio de Hacienda, durante la mañana de esta jornada.
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Al respecto, el sindicalista señaló que desde el sector exigen el respeto al contrato colectivo, la derogación del decreto reglamentario elaborado por el Ministerio de Hacienda y la destitución de su titular, Benigno López.
Varios sectores demostraron su descontento con el manejo de bienes, sobre todo en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Petróleos Paraguayos (Petropar) e Industria Nacional del Cemento (INC), que se embolsaron entre 2015 y 2019 la millonaria suma de G. 1,8 billones para cubrir los beneficios de sus funcionarios, pagados en conceptos de subsidio familiar, bonificaciones y gratificaciones.
Estos son montos independientes al salario, que ayudan a cada empleado público a duplicar y hasta cuadruplicar en muchas veces su remuneración global del mes.
