El representante de Mipymes y secretario de Industria y Comercio de la Gobernación, Ivan Airaldi, adelantó que denunciará ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los jueces penales de Garantías, Amilcar Marecos y Cinthia Garcete.
Airaldi señaló que la denuncia será presentada luego de que otros ciudadanos indignados firmen el escrito, para exigir al JEM que tomen medidas contra los magistrados del Alto Paraná por la liberación de los policías involucrados en aprehensiones irregulares a turistas extranjeros.
“Ciudad del Este vive del comercio y de los turistas extranjeros que viajan a la ciudad. Con esta mala imagen que deja la Justicia a nivel nacional e internacional es una vergüenza, ya que con sumo esfuerzo realizamos campañas para atraer turistas y deja un mensaje de inseguridad destruyendo la imagen de la ciudad y perjudicando el comercio”, afirmó.
El denunciante manifestó que este tipo de hechos deja por tierra todo el esfuerzo por recuperar la economía en la zona fronteriza y que afecta directamente a generación de empleos.
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Según el Airaldi, en ambos casos el Ministerio Público recabó bastantes elementos para una condena, informó el periodista de Última Hora Edgar Medina.
El primer caso se trata de la causa 9403/2018, del 14 de agosto del 2018, en la que resultaron víctimas Joel Leal de Moraes Junior y Eveline Palenske Leal de Moraes. Estos tuvieron un accidente con su vehículo, por lo que fueron detenidos y exigidos a pagar la suma de 15 mil reales inicialmente, pero terminaron negociando por 5 mil reales para recuperar su libertad.
Por este caso fueron procesados los policías Ronald Marcell González, Blas Ariel Cardozo, que terminaron siendo sobreseídos en forma definitiva por el juez Amilcar Marecos, a pesar de las evidencias obtenidas por la fiscal Estela Mary Ramírez, quien luego de la imputación pasó el caso con su colega Juliana Portillo, que al final aceptó el sobreseimiento.
De acuerdo con los antecedentes. las víctimas fueron amenazadas por los agentes policiales y despojadas de accesorios de sus vehículos y una lente de receta, además del dinero.
El otro caso es la causa 9282, del 15 de agosto del año 2018, donde resultó víctima Guilherme Costa Bueno. Este adquirió un lote de teléfonos celulares de un local del shopping Whu, quien al retirarse fue acompañado de uno de los empleados del local comercial cuando fue abordado por los policías, que acusaron al empleado de tener un arma de fuego, pero detuvieron al comprista brasileño.
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Costa Bueno tuvo que pagar 2 mil reales para recuperar su libertad y fue obligado a permanecer sin ropa por los agentes, quienes se repartieron del botín que le sustrajeron.
Durante el allanamiento de la Comisaría, la víctima identificó al jefe de comisaría, comisario principal Gustavo Vera Bertolo, y los subordinados Armando Sanabria Gauto, Adolfo Fernández Fernández y Víctor Sanabria Gauto, como los autores.
En aquella ocasión, la fiscal Estela Mary Ramírez incautó G. 7.800.000, 200 dolares americanos y 200 reales, además de otras evidencias, durante el allanamiento de la sede policial, que presumió entonces que se trataría de producto de otros hechos delictivos.
Durante la audiencia preliminar, la defensa recusó a la fiscal Ramírez y logró el cambio de calificación del caso con la consecuente liberación de los agentes policiales, ya con el fiscal Sergio Iran Villalba, y de la mano de la jueza Cinthia Garcete, según refiere la denuncia.
El denunciante sostiene que la jueza se abrogó funciones de un Tribunal de Sentencia y sobreseyó a los policías. “La jueza es conocida por sus actuaciones irregulares y por blanquear a políticos de la zona y agentes policiales”, argumenta el pedido de enjuiciamiento de los magistrados.
