Ante el anuncio del Gobierno sobre medidas para contener los precios de la carne, frutihortícolas y otros productos de la canasta básica, debido a la preocupación creciente de la ciudadanía, la ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), Sara Irún, aclaró que la institución acompañará la estrategia oficial desde su ámbito legal de competencia, pero que su rol se limita a la difusión de información pública.
“Uno de los roles de la Sedeco justamente es educar e informar a la ciudadanía sobre sus derechos y entre los derechos que tiene el consumidor está justamente el derecho a la información veraz y oportuna”, explicó en comunicación con Monumental 1080 AM, añadiendo que “si es que hay una distorsión de precios o un acuerdo restrictivo a la competencia, eso no le corresponde a la Sedeco”, sino a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).
Mientras tanto, aclaró que será la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) la entidad que realizará una investigación o estudio técnico sobre la trazabilidad de los productos, especialmente en el caso de la carne, cuyos precios crecieron 22,3% en un año, según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), y ya algunos cortes incluso superan los G. 80.000 el kilo.
“De acuerdo con esa investigación, nosotros en coordinación podemos estar informándole a la ciudadanía”, indicó Irún. Al ser consultada si existe la posibilidad de hacer pública la información de quiénes ganan más en la cadena de comercialización, afirmó: “Exacto. Y ahí la investigación, si es que hay una suba o alza artificial, ya le corresponde la investigación a la Conacom”.
Recordó que actualmente no existe un criterio unificado ni una plataforma de información sobre los precios de referencia de la canasta básica y sus respectivas cadenas. “El precio se fija de diferentes maneras y son complejos en los mercados”, dijo, aunque aclaró también que Sedeco, ni el Gobierno mismo, puede intervenir en la fijación de precios, pero sí “colaborar solicitando información y que la información se haga pública en lo que corresponda”.
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Aseguró que, aunque en este caso en particular no pueda ejercer acciones puntuales, no significa que no estén desempeñando funciones. Dijo que diariamente realizan fiscalizaciones, en las que suelen detectar productos vencidos, falta de información sobre precios y mercaderías sin registro, lo que deriva en multas y, en casos graves, incluso clausuras temporales.
“La Sedeco sigue cumpliendo con sus otros deberes, que son los que están en la Ley de Defensa del Consumidor, como la fiscalización. Nosotros abrimos reclamos, hacemos audiencias de conciliación con mucho éxito, hacemos sumarios administrativos, hacemos fiscalizaciones, multamos, ahora estamos viendo para clausurar un local por el tema de salud y seguridad”, detalló.
Ante los reclamos constantes de la ciudadanía, el Gobierno anunció este último jueves que, en los próximos días, convocará a los principales actores de la cadena de producción y distribución para evaluar medidas que permitan atenuar los aumentos, especialmente en alimentos de alto consumo popular.
