A sugerencia del cartista Sergio Godoy, se agregó que “en ningún caso el traslado a lugar de trabajo se considerará dentro de la presente excepción”.
“Está demostrado que se puede prescindir de los cupos”, refirió su correligionario Martín Arévalo, quien promovió una propuesta similar.
“Es importante que diputados, Ejecutivo, Poder Judicial, gobernaciones y municipalidades dejen de percibir estos cupos que sirven solamente para incrementar el salario correspondiente”, indicó.
“Hay que profundizar el cerrojo que han tenido los proponentes con el articulado”, intervino Godoy, en el momento del debate.
“Hace dos años, a través de la ley aprobada en el 2022, se había aprobado la medida de racionalización de gastos”, recordó el senador.
“Se había prohibido la provisión de combustible para las máximas autoridades y luego hubo un agregado que fue en el vaivén legislativo, exceptúase para desplazamiento derivado de su función o cargo”, enfatizó el colorado.
“A raíz de la promulgación de la ley, no tenemos cupo de combustible, pero no así los miembros de la otra cámara. Hace poco trataron este tema”, refirió, haciendo alusión a los diputados, que siguen manteniendo sus cupos.
“Al establecer, salvo funciones establecidas por ley; esa frase podría abrir la misma ventana, hoy vigente”, dijo.
“Propongo aclarar que en ningún caso la excepción prevista se aplicará al traslado de autoridades de los tres poderes del Estado y las demás instituciones”, planteó.
“Considero pertinente ese agregado. Que en ningún caso se entenderá exceptuado el traslado de autoridades ni de ninguna otra institución”, insistió, y el proyectista Javier Zacarías Irún apoyó.
El proyecto. La iniciativa legislativa aprobada por el Senado y que pasa a Diputados establece la prohibición, asignación, descuento, exoneración y entrega de combustible, tarjetas personales o de cupos de combustible a las autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado.
En la lista, también están incluidos organismos y entidades del Estado, citando a empresas públicas, de economía mixta, y sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado; así como las gobernaciones y los municipios.
En las excepciones, figuran los servicios de la salud, educación, seguridad y/o vehículos de las instituciones o entes del Estado, cuya finalidad no sea la de realizar trabajos inherentes a la función que le designa la ley.
exposición de motivos. Zacarías Irún alega la escalada del precio del petróleo a nivel mundial, y que “el ejemplo debe empezar por las autoridades nacionales, magistrados, secretarios de Estado, servidores públicos y gobiernos locales, de tal forma a hacer llevadera esta economía de guerra que afecta a los ciudadanos de nuestro país”.
“Como todos sabemos, el aumento del precio del petróleo afecta muy fuerte en la economía, desde la canasta básica familiar, pasando por el precio del pasaje en el transporte público y además el encarecimiento de los derivados del crudo”, señala ZI.
“En la actualidad, proveer combustible para el mero desplazamiento de autoridades y funcionarios del gobierno, que no sean para servicios públicos de salud, educación, seguridad y vehículos de las instituciones o entes del Estado, cuya finalidad no sea la de realizar trabajos ordinarios inherentes a la función que le designa la ley, es considerado un gasto superfluo, sin justificativo alguno”, se indica.
La propuesta había sido presentada por el parlamentario en el transcurso de la semana pasada, y consiguió la adhesión por parte de sus colegas para que ya se pueda tratar sobre tablas, ayer mismo, durante la sesión, sin que se haya planteado ningún tipo de objeción o rechazo.
