02 nov. 2024

Políticos deben asumir deuda histórica con la educación

La clase política cuando está en campaña y persigue votos hace muchas promesas. Sin embargo, nunca asumen esos políticos que la desastrosa situación en la que se encuentra el país es su exclusiva responsabilidad. En el particular caso de la educación, formulan críticas y se rasgan las vestiduras, como si no fueran sus mismos partidos políticos y sus mismos parlamentarios quienes, durante décadas, le han negado un presupuesto adecuado. Para ellos hablar de educación no pasa del discurso, y ha llegado el momento de pasar a la acción.

La diputada colorada Virina Villanueva, quien había sido muy cuestionada en las redes sociales por la manera en que leía un texto durante una intervención en Diputados, hizo su descargo diciendo que no quiere que ningún otro niño reciba la educación que ella tuvo, y relató que iba a una escuela que no tenía sillas y que solo tenía un docente. Villanueva aseguró que trabajará por la educación del país y, especialmente, por mejorar la situación de las escuelas rurales.

Esa es una promesa que todo el país espera que la cumpla. Sin embargo, hay un detalle y es que al parecer a la diputada le falla la memoria, o le hacen falta lecciones de historia. Su partido, el Partido Colorado, se encuentra en el poder desde el año 1947, ese largo periodo incluye 35 años de una dictadura despiadada que aplastó libertades y conculcó derechos y todo pensamiento crítico. Tras el golpe de Estado que desalojó a Stroessner del poder en el año 1989, le siguen 34 años de democracia, de los cuales una sola vez no gobernó la ANR, es el caso del gobierno de Fernando Lugo, quien ni siquiera terminó su mandato.

¿Quién es responsable entonces de que la escuela donde estudió la diputada colorada no tuviera sillas?

En unas dos semanas asumirá un nuevo Gobierno, del mismo signo partidario que gobierna desde hace décadas. En el ámbito de la educación son buenas las perspectivas, si tenemos en cuenta el nombramiento del futuro ministro.

El Paraguay ya no tiene más tiempo que perder pues son descomunales las deudas con la educación. Los datos son inquietantes: ocho de cada diez estudiantes no comprenden lo que leen, y según un estudio de Unicef y el MEC, hay casi 500.000 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años excluidos del sistema educativo.

Por otra parte, son muy conocidos los problemas de infraestructura. Actualmente se cuentan 250 aulas en peligro de derrumbe y otras 12.000 en mal estado. Es inaceptable que se haya normalizado que los estudiantes aprenden dando clases bajo árboles, en aulas que están en riesgo de derrumbe, en instituciones que carecen de baños, servicio de energía eléctrica y agua potable. Esos son servicios básicos necesarios y no los tienen, por lo cual no debe sorprender el dato sobre la conectividad, pues de los 8.000 establecimientos educacionales solo 2.055 tienen conexión a internet.

Las escuelas públicas de nuestro país precisan de bibliotecas, laboratorios de informática y espacios adecuados donde se fomenten el deporte y el ejercicio físico. Y necesitan también docentes motivados y bien formados que sean capaces de transmitir el entusiasmo por el conocimiento.

Nuestro más grande problema es la corrupción. La corrupción nos empobrece, y debido a la corrupción se han desviado recursos que deberían estar destinados a lograr un mínimo desarrollo y bienestar para la población. No ser capaz de gestionar adecuada y responsablemente los recursos públicos es una forma de corrupción, y es exactamente lo que sucede con algunos recursos del Fonacide, como el ejemplo de una precaria escuela en el Bañado Sur, donde la Municipalidad, contando con los recursos, no ha sido capaz de culminar la construcción de un pequeño sanitario.

Sobre todo, debe haber compromiso para destinar un mejor presupuesto para la educación. El MEC invierte en cada estudiante apenas USD 800, que es uno de los índices más bajos de la región y del mundo, pero eso no es lo peor, pues si se considera que de los USD 800, el 90% se destina a salarios, entonces queda una inversión de USD 80 por cada niño o adolescente. Esa es la realidad que deben cambiar los políticos. En vez de hacer pomposos discursos, deben trabajar en mejorar el presupuesto.

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