02 may. 2024

Poder Judicial está copado con 70% de funcionarios afiliados a la ANR

La hegemonía en la Justicia la ejerce el Partido Colorado con más de 8.500 empleados públicos en diferentes cargos. La ley judicial indica que ningún funcionario puede ejercer actividad política.

El principio de independencia judicial garantizado en la Constitución Nacional no se ve reflejado entre el funcionariado del Poder Judicial, donde la Asociación Nacional Republicana (ANR) sigue siendo hegemónica, con el 70% de la totalidad de trabajadores afiliados.

Del total de 12.448 trabajadores (de todos los cargos) del Poder Judicial, 8.568 son colorados, lo que representa el 70% de todo el funcionariado del sistema de Justicia.

Del mismo modo, existen 942 magistrados (754 jueces y 188 camaristas), de los cuales, 369 (326 jueces y 43 camaristas) son afiliados al Partido Colorado, lo que representa el 39%.

Votaron en internas. La norma judicial no permite a funcionarios ni magistrados participar en internas partidarias, sin embargo, una muy alta cifra ejerció el voto el pasado año.

Es así que del total de afiliados, 4.546 funcionarios votaron en las elecciones internas del Partido Colorado el 20 de junio de 2021, con miras a las municipales del 10 de octubre de ese año.

El Artículo 238 del Código de Organización Judicial señala que “Se prohíbe a los magistrados y funcionarios de la Administración de Justicia, cualquiera sea su jerarquía: Ejercer otra función pública, profesión, comercio o industria, directa o indirectamente, salvo la docencia, cuyo ejercicio será reglado por la Corte Suprema de Justicia, ni participar en actividades políticas”. Es decir, ni siquiera deben estar afiliados y por tanto no pueden votar en internas.

Investigación. Las publicaciones del diario Última Hora que revelaron estos datos obligaron a la Corte Suprema de Justicia a abrir dos investigaciones. Una proviene de la Oficina de Ética Judicial, y está dirigida a 30 jueces de paz y de primera instancia que votaron en la última interna. El Código de Ética Judicial prohíbe explícitamente votar en internas.

La segunda proviene del Consejo de Superintendencia de la Corte, que dispuso abrir una investigación preliminar contra 326 jueces afiliados a la ANR, entre los cuales se encuentran los 30 que votaron. Este ente extendió su investigación a 43 camaristas afiliados, de los cuales cinco votaron en la interna del 17 de diciembre del 2017.

El presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP), Santiago Brizuela, de la ANR, dijo que cada funcionario debe pedir su desafiliación y que el partido no puede hacerse responsable. Admitió que así como policías, militares, fiscales y jueces, los funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo no pueden estar en ningún padrón partidario.

Los magistrados judiciales están obligados a presentar un pedido de suspensión temporal de su afiliación a los partidos políticos, mientras dure el ejercicio de sus cargos, lo que no había sido realizada por todos los jueces.

  • 12.448 personas trabajan en todo el Poder Judicial, entre funcionarios y magistrados (que son jueces y camaristas).
  • 8.568 trabajadores (entre funcionarios y magistrados) están afiliados al Partido Colorado en el Poder Judicial.
  • 4.546 trabajadores (entre funcionarios y magistrados) votaron en la última interna de la ANR, en junio del 2021.

Afiliados entran por prebenda

La jurista María Victoria Rivas, directora del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), consideró un retroceso el hecho de que existan jueces que siguen afiliados y votando en internas partidarias.

Como una de las impulsoras del Código de Ética Judicial, que comenzó a gestarse desde el 2005 y lleva vigente 17 años, recordó que se hizo un gran esfuerzo para consolidar un instrumento por la vigencia de valores y virtudes del sistema judicial, con la mirada del deber ser y la posibilidad de contar y exigir un cuerpo de magistrados coherentes.

Lamentó también que los afiliados al Partido Colorado tengan más oportunidades de ingresar al sistema de Justicia, en referencia a que el 70% de todo el Poder Judicial es de la Asociación Nacional Republicana (ANR). “Los afiliados al Partido Colorado tienen mayor oportunidad de entrar al sistema judicial por el modelo de prebenda de incorporar funcionarios que obviamente pertenecen a un partido político que es el partido de gobierno. No es casualidad el hecho de que exista un alto porcentaje de funcionarios que son colorados. No significa que ellos se afiliaron después de ser funcionarios, ellos ingresan al sistema judicial porque forman parte del partido de gobierno y tienen mayor oportunidad de ingresar a cualquier cargo de la función pública y al Poder Judicial”, manifestó.

Finalmente, indicó que la desafiliación tanto de jueces como de funcionarios debe ser una política de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Antes de la vigencia del Código de Ética se veía como muy normal que los jueces formen parte de partidos políticos e inclusive de participar en actividades políticas”, recordó Rivas.

También detalló que cuando se puso en vigencia la norma ética, se vivió un gran simbolismo entre jueces que comenzaron a renunciar a sus partidos. “Fue como un mensaje y simbolismo importante y una garantía para la ciudadanía”, expresó.

Los afiliados al Partido Colorado tienen mayor oportunidad de entrar al sistema judicial por prebenda. María Victoria Rivas, jurista.

Votó cuando no era camarista

La jueza Rosalinda Guens de Benítez, miembro del Tribunal de Apelación, respondió las publicaciones sobre los 43 camaristas que votaron en la interna colorada del 17 de diciembre del 2017, entre los cuales se encuentra, y que actualmente son sujetos de investigación por participar de actividades políticas.

La magistrada aclaró que si bien ejerció el voto como señalan los registros, en ese tiempo estaba fuera del Poder Judicial, desde 2014 al 2019. Se reintegró en abril del 2019. Precisó que la única que vez que votó en una interna fue en 2017. La jueza está afiliada desde el año 1984 en la seccional de Lambaré. “Lo manifestado puede corroborar en la Dirección de Legajos de la Corte Suprema de Justicia o en la Oficina de Ética Judicial”, escribió en una nota a ÚH.

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