El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley de emergencia sanitaria que contempla un capítulo sobre vacunación irregular, a través del cual se busca sancionar a quienes se apliquen las vacunas contra el Covid-19 de manera irregular, así como a aquellos que hurten medicamentos e insumos hospitalarios necesarios para la lucha contra el virus.
El jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Hernán Huttemann, comunicó que la iniciativa fue presentada ante el Congreso Nacional, informó el periodista de Última Hora Roberto Santander.
Huttemann explicó que la propuesta es una reforma de la ley sanitaria sancionada el año pasado, pero que era necesario perfeccionarla, reformarla y mejorarla de acuerdo con la experiencia de un año de pandemia.
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Entre las principales novedades se encuentran los artículos 23 y 24, con disposiciones del tipo penal para la inmunización irregular, el hurto y el hurto agravado de medicamentos e insumos médicos.
En ese sentido, el artículo 23 establece una disposición del tipo penal que señala que todo funcionario que, valiéndose de su cargo, lograse o intentase que una persona se beneficie debidamente de la vacunación contra el Covid-19 sea pasible de una sanción de una pena privativa de libertad de hasta cinco años, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos electivos o no por 10 años o multa.
Del mismo modo, en el siguiente artículo se establece el tipo penal para las personas que hurtan vacunas para su posterior comercialización con penas que van desde los dos hasta los seis años y 10 años para ejercer cargos públicos.
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El alto funcionario señaló la necesidad de castigar estos hechos atendiendo que la vacunación continuará y lo que se pretende es desincentivar el delito. Sin embargo, aclaró que la ley no es retroactiva y que las personas descubiertas en hechos irregulares deberán ser sancionadas por las leyes vigentes.
Desde hace unas semanas salieron a la luz varias irregularidades en el proceso de vacunación para privilegiados, como políticos y ex autoridades que recibieron las dosis contra el coronavirus sin contar con la edad requerida. Entre ellas se encuentra Mirta Gusinky, quien este lunes se vio obligada a renunciar como senadora por presión social.
Otras medidas
Huttemann adelantó que en el documento también se establece la integración de una Junta Sanitaria como una instancia de coordinación interinstitucional de acciones presidida por el presidente o por una persona designada por el Poder Ejecutivo, donde participarán los distintos ministros y los diferentes estamentos de la sociedad civil, empresarial, industrial y servicios.
Con respecto a las medidas sanitarias que se prevén en el proyecto, se encuentra la posibilidad de declarar obligatorios el uso de las mascarillas higiénicas, de sistemas de ventilación adecuados para los espacios cerrados, el distanciamiento social, el lavado de manos, también se contempla limitar la cantidad de invitados que asistan a eventos sociales, culturales, deportivos o cualquier espectáculo donde existe un riesgo de contagio o aglomeración.
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Se dispone como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud; en este caso, a través de un sumario administrativo para quienes incumplan las medidas establecidas por la ley. El control de dichas medidas estará a cargo de la Policía Nacional, que en caso de incumplimiento deberá labrar acta y comunicar a la cartera sanitaria. Esto sin perjuicios de los otros órganos competentes que también cuentan con atribuciones de controles de distintas actividades que impliquen el cumplimiento de las medidas sanitarias.
“Esta propuesta lo que busca es que tengamos un ordenamiento estable y más ordenado con respecto a las medidas sanitarias, por eso tratamos de dejar bien en claro cuáles son las facultades y competencias de los órganos de control”, señaló.
En caso de incumplimiento de estas medidas se prevén también dentro del régimen sancionatorio las sanciones que van de 5 hasta 300 jornales mínimos.
