La investigación para verificar y contrastar datos de los recursos humanos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) inició el pasado 11 de setiembre. El objetivo es descubrir a supuestos planilleros.
Casi 600 colegios públicos del país fueron notificados con el pedido de datos laborales de los docentes, pero hasta la fecha dichos documentos solo entregaron poco más de 300.
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Los encargados de enviar estos datos son los directores de las instituciones educativas, quienes tienen que remitir un informe con nombre, apellido y firma en planilla de asistencia de la lista de docentes que están en la mira del MEC.
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Sin embargo, los que están pendientes de informar simplemente omitieron la solicitud de la cartera educativa y se exponen a sanciones por incumplimiento de las disposiciones emanadas de la superioridad según la Ley de Educación.
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El proceso de investigación lo inició la Dirección Anticorrupción del MEC, reactivada por el gobierno de Mario Abdo Benítez, a cargo de José Casañas Levi, tras corroborar casos de educadores que cobran sus salarios todos los meses, pero se desconoce dónde prestan servicio.
