Un pedido de informe para determinar si la empresa Ivesur desistió de la demanda contra la Comuna capitalina por USD 3.600.000, más honorarios de los abogados Juan Ernesto Villamayor (actual ministro del Interior) y Jorge Coscia, para presentarse de nuevo a la licitación para el servicio de inspección técnica vehicular (ITV) por diez años, fue aprobado por la Junta Municipal.
A propuesta del edil Orlando Fiorotto, por medio de una minuta verbal tratada sobre tablas, la corporación por unanimidad resolvió solicitar con carácter resolutivo a la Intendencia la remisión del documento judicial que certifique tal desistimiento.
El edil sostiene que en el pliego de bases y condiciones (PBC) se establecía que las empresas interesadas y participantes no tenían que tener ninguna acción judicial contra la institución municipal.
“Esa era la condición para que se entre a competir como oferta. No tener ningún juicio ni reclamo económico contra la Municipalidad de Asunción. Es nuestra obligación saber si hubo o no finiquito, porque, de lo contrario, pueden venir en dos o tres meses a reclamar ese cobro y causar un perjuicio económico considerable al Municipio”, expresó.
Aclaró que en un plazo no mayor a ocho días, el Ejecutivo Municipal deberá arrimar la documentación requerida para despejar la duda existente.
RESPUESTA. El asesor jurídico de la Comuna asuncena, doctor Juan Carlos Ramírez Montalbetti, dijo no entender este pedido de informe, puesto que la Junta Municipal al homologar la adjudicación del servicio de ITV ya debería haber accedido a ese desistimiento que fue presentado por escrito por Ivesur. “No podían adjudicar sin que haya un desistimiento expreso”, acotó.
“Están todos los documentos. Esa empresa desistió de la demanda y no hay ningún riesgo de que puedan reclamar nada a la Municipalidad de Asunción. Eso es categórico”, sostuvo el profesional.
Explicó que “esto tiene una parte relativa a la demanda de cumplimiento de la sentencia arbitral que estableció una sanción económica y otra que está en la Corte por los líos que se armaron por falta de presentación del escrito de apelación. La parte civil se arregló, pero quedó la parte penal. Pero Ivesur sí desistió del cobro”.
